Ramón Cadena
En el último mes, nuestra sociedad se ha visto seriamente afectada por actos ilegales del Pacto de Corruptos. Actos que, siendo delitos, no han sido sancionados, ni castigados. Aunque no todos los habitantes son culpables y tomando en cuenta la gravedad de los hechos y la falta de sanción, la protesta social ha sido, hasta el momento, bastante tibia. Muchos profesionales honestos y transparentes (jueces, abogados, fiscales, periodistas, sociólogos) en fin, muchos profesionales hombres y mujeres, han optado por el exilio y buscado la protección de otros Estados.
El Estado de Guatemala, no aguantó con la carga. El crimen organizado hizo su trabajo y el resultado terminó siendo instituciones cooptadas; personas detenidas; funcionarios públicos independientes e imparciales destituidos; persecución y represión sistemática y generalizada. El Estado no pudo brindar la ansiada protección de las personas y, al mismo tiempo, defender la democracia y las garantías individuales. Tarea difícil para quienes detentan el poder en forma autoritaria.
Tuvieron que sacar a relucir los dientes. Salieron los demonios, como en los ochenta, a gritar contra el comunismo; arremetieron con argumentos fuera de la ley, con discursos de odio, con acusaciones absurdas y calificaciones infundadas, irreales, estériles, en contra de las personas que quieren un cambio y una sociedad distinta. Otra vez, el espejismo del comunismo sirvió de motivo para perseguir a las personas, para detenerlas arbitrariamente. Se premió al corrupto y se castigó a quien cree en el Estado de Derecho. Se castigó a quienes desean el cambio social y se les calificó incorrectamente de comunistas. Igual que en los ochenta, durante la guerra, la lucha contra el comunismo dio motivo a la persecución de personas inocentes.
La pregunta clave es: ¿puede una sociedad sobrevivir sin castigar hechos delictivos o conductas antisociales? Aunque sería deseable vivir en una sociedad perfecta, en la que las personas se comporten solidarias y amistosas unas con otras, la nuestra se ha acostumbrado a vivir perseguida por el Estado y, por lo tanto, a experimentar hechos de violencia extrema, a sufrir el racismo más profundo por medio del genocidio; a experimentar el miedo más destructivo gracias a la desaparición forzada; a ver gente en las calles, con el tiro de gracia en la sien. Como dijo el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Guatemala es el mejor país para cometer crímenes, ya que no se castigan. Así, la mayoría de ciudadanos y ciudadanas comprenden que vivir en el país, sin Derecho penal, sería muy pero muy difícil, probablemente imposible.
Casi estamos condenados a la autodestrucción, si pretendemos vivir sin el Derecho Penal. Sé que existen personas que creen en el abolicionismo de todo castigo. De hecho, existen opiniones doctrinales que se muestran contrarias a la existencia del Derecho Penal y proponen renunciar al castigo. No es mi objetivo profundizar en este tema por medio de este artículo, sino más bien partir de la premisa que se necesita el Derecho Penal para vivir en sociedad. Creo que, sin el Derecho penal, la sociedad no puede convivir en paz. Precisamente por ello, es tan importante que exista una justicia independiente e imparcial. Claro que el Derecho Penal debe ser proporcional, que cumpla con el principio de legalidad, limitado por los Derechos Humanos y estrictamente necesario. De lo contrario, se puede convertir en un mecanismo de represión y persecución.
Y eso es precisamente lo que un grupo de personas y funcionarios públicos, desean lograr. En otras palabras, un Derecho Penal desproporcionado, que se aplique sólo a quienes se oponen al régimen; uno que defienda a aquellos que cometen el delito de corrupción y otros crímenes graves; que defienda al Crimen Organizado y que, por lo tanto, sea inexistente e innecesario para un grupo, pero que castigue a otro. Así no se puede construir una Sociedad en paz; así no se puede construir el Estado de Derecho. Existen grupos de personas, funcionarios públicos de alto nivel de los tres Organismos del Estado, que pretenden imponer sanciones penales a todos los opositores el régimen, simplemente por el hecho de no estar de acuerdo con sus políticas corruptas. Y eso no se debe tolerar. Se pretende construir una sociedad que no aplique por igual el Derecho Penal. En ese sentido, los delitos son cometidos únicamente por aquellos que no piensan igual al régimen o que pretenden luchar contra la corrupción. Nada más equivocado.
Cometer delitos y asegurar que éstos no serán castigados, nunca podrá llevarnos a la construcción de la paz. Más bien, el daño a la justicia será gravísimo y provocará más descontento y violencia. En el último mes, se han cometido delitos flagrantes que, aparentemente, no serán castigados. Por ejemplo, el nombramiento ilegal de la Fiscal General, que no va a perseguir los crímenes de corrupción que cometan sus amigos funcionarios del gobierno (Delito de Nombramientos Ilegales, artículo 432 del Código Penal); el fraude en la elección de Rector de la Universidad de San Carlos (Delito de turbación del Acto Eleccionario, artículo 407A del Código Penal) o la falta de nombramiento de nuevos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia por el Congreso de la República (Delito de Violación a la Constitución, artículo 381 del Código Penal).
Hay muchos otros delitos cometidos contra la administración de justicia, que no entro a analizar, por razones de espacio. Los tres mencionados con anterioridad, son suficientemente graves, como para perseguirlos enfáticamente. Pero como fueron cometidos para garantizar la existencia del Pacto de Corruptos, es muy probable que no lo serán. Entre tanta impunidad, aún hay quienes siguen defendiendo, en base al principio de soberanía absoluta, que no es necesario crear en Guatemala un mecanismo internacional contra la Impunidad; que solos podemos. Cuando es evidente que este problema no se soluciona sin la cooperación de la Comunidad Internacional.
