Ramón Cadena
La Comisión de Postulación concluyó su tímido y mediocre trabajo, con una propuesta que le sirvió en bandeja de plata al Presidente de la República, para que éste pueda llevar a cabo un nombramiento indebido o ilegal sin mayores obstáculos. Según el estándar internacional, no importa cuál sea el procedimiento que el Estado asuma para elegir altas autoridades en el sector justicia. Lo que sí importa, es que cada Estado cumpla con garantizar que dicho procedimiento no facilite o permita un nombramiento indebido (el Código Penal guatemalteco lo llama nombramiento ilegal). O sea que los Estados pueden establecer cualquier procedimiento, (no importa cuál), pero deben cumplir con establecer filtros y garantizar que dicho procedimiento no facilite o permita un nombramiento indebido o ilegal.
A las y los comisionados de la Comisión para la Elección de Fiscal General, les vino del norte este estándar y diseñaron e implementaron (consciente o inconscientemente), una estrategia maravillosamente fraudulenta, que permitió arribar a una lista de seis personas, que fue entregada al Presidente de la República la semana pasada y que incluyó a cuatro personas cuestionadas por diversas razones; a una abogada que es totalmente desconocida, así como desconocido es su CV y su experiencia en la lucha contra la impunidad.
La situación fue forzada para incorporar a la sexta candidata, sin importar la opinión de uno de los países de la Comunidad Internacional, quien la incluyó en la Lista Engel de personas corruptas; y sin valorar que su idoneidad y honradez estaban seriamente cuestionadas, por estar señalada de haber plagiado una tesis doctoral. Una persona que seguro no calificaba para integrar la lista, porque como funcionaria pública, ha demostrado ser la defensora de la impunidad. Al darle una calificación de 90 puntos, la Comisión de Postulación hacía caso omiso de todas las críticas y tachas presentadas.
En realidad, ella debió de haber sido excluida del proceso desde el inicio del mismo, pero ello era imposible, ya que Giammattei se hubiese quedado sin candidata. En lugar de ello, se le premió con 90 puntos, la calificación más alta que fuera otorgada a un candidato o candidata por todos los y las comisionadas en pleno. Es indudable que la Comisión de Postulación premió su trabajo a favor de la impunidad y de la persecución que ha llevado a cabo en contra de defensores y defensoras de derechos humanos. Ahora, la cena está servida y podría ser seleccionada por el Presidente Giammattei, para que siga actuando impunemente.
En el béisbol es muy, pero muy difícil lograr el robo del plato (cuarta base o “home” en inglés). El corredor casi siempre es puesto fuera de combate o “eliminado” por el otro equipo, antes de tocar la cuarta base y anotar una carrera. Intentarlo es legal, pero implica que el bateador se “sacrifique”, para que entre la carrera. Puede lograrse mediante un toque suicida, que implica un suave toque a la pelota, para que avance lentamente en una dirección estratégica y permita al corredor que se encuentra en la tercera base, correr y llegar al plato o cuarta base y anotar una carrera (jugada que se conoce como “toque de sacrificio” o “jugada de apretón” o en inglés “squeeze play”). El difícil y peligroso robo del plato, también se puede lograr por medio de un robo simultáneo de la segunda y cuarta base. Pero ambas son jugadas muy aventuradas o atrevidas, que se implementan solo cuando urge una carrera para ganar o empatar un juego.
La Comisión de Postulación, mediante una serie de acciones arbitrarias, logró implementar con éxito una de las jugadas más arriesgadas y difíciles del béisbol. La corrupción existente en el país, le permitió robar el plato o cuarta base y la impunidad le permitió hacerlo con plena tranquilidad y seguridad. Una combinación de movimientos que oscilaron entre limpiar el proceso en su inicio; aplicar a las y los candidatos entrevistas amistosas; lograr consensos para que una de los candidatos fuese evaluada muy favorablemente y que más tarde una votación en su contra, dividida por azar del destino, viniera a entrampar el proceso. También había que introducir el factor miedo para influir las decisiones y, finalmente, recurrir a la Corte de Constitucionalidad, para destrabar el proceso de elección. Todas estas medidas constituyeron la perfecta jugada de apretón o “squeeze play” en inglés, que permitió el robo de la cuarta base y la anotación de la carrera ganadora. Este cúmulo de actos (todos ilegales), demostraron que estamos ante una maquinaria bien aceitada por el Crimen Organizado.
Veamos nuevamente la jugada en cámara lenta. Primero había que limpiar el proceso, mediante una resolución de la Corte de Constitucionalidad, que impidió, gracias a una extraña interpretación, que jueces de primera instancia, honestos, íntegros y que luchan contra al Crimen Organizado, pudieran participar como candidatos. Luego había que llevar a cabo una entrevista amistosa y una evaluación favorable, es decir, una entrevista que no pusiera en aprietos a las y los candidatos y cuya evaluación permitiera demostrar que todos y todas tenían habilidades y capacidades importantes.
Había que hacer brillar a todas y todos los candidatos, hasta donde esto fuera posible. Y, sobre todo, que una de ellas luciera sus “conocimientos técnicos”, para luego evaluarla y darle la puntuación más alta. Ningún comisionado, ni siquiera los que hoy navegan con bandera de honestos, formularon preguntas incómodas, que pusieran a las y los candidatos en una situación difícil y que los obligaran a tener que aclarar diferentes cuestionamientos, para conocer la verdad. En el caso de la sexta candidata, ninguna pregunta sobre el plagio de tesis, ni sobre la Lista Engel. Las tachas de la sociedad civil, tenían que devenir en inútiles e inservibles y había que restarles importancia.
La evaluación favorable, fue útil para darle la mayor cantidad de puntos a la candidata predilecta del Presidente Giammattei. Las y los comisionados, por consenso (incluidos los que hoy navegan con bandera de honestos), le otorgaron 90 puntos a la candidata más cuestionada, puntos que después permitieron que se le incluyera en la lista de seis y que se produjera el robo del plato o cuarta base. Después de la evaluación favorable, vino la votación desfavorable, para limpiar el rostro de los 8 decanos.
Las y los decanos de las universidades privadas que hoy intentan navegar con bandera de honestos, cambiaron su posición, se “arrepintieron” y a la hora de votar, no lo hicieron por la candidata a la que ellos mismos dieron la puntuación más alta. Quedará para la historia, aclarar porqué cambiaron su opinión los 8 decanos de las Universidades Privadas. Este cambio trajo como consecuencia que se entrampara el proceso.
Únicamente cinco personas habían sido seleccionadas por la Comisión de Postulación, cuando según la Constitución Política de la República de Guatemala dicha Comisión tenía que elegir a seis personas. Después de aproximadamente día y medio de no lograr la elección de la sexta persona, el proceso no avanzaba y la sociedad estaba a la expectativa y nerviosa. Era necesario que viniera un ángel salvador, que en este caso fue una resolución prevaricadora de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad vino a “rescatar” el proceso y a destrabar la elección.
En diferentes momentos, también fue necesario introducir el factor miedo, en dos direcciones: en primer lugar, la maquinaria del Crimen Organizado tenía que provocar miedo en los comisionados. Se les amenazó públicamente con denunciarlos penalmente si no podían elegir a la lista de seis personas. Por otro lado, también había que introducir el miedo en la mente de altos funcionarios, por medio del chantaje, para que apoyaran a la candidata que obtuvo los 90 puntos. La presión y amenaza pública de denuncia penal en contra de las y los comisionados y, la presión y amenaza secreta de hacer avanzar diferentes casos por actos de corrupción, en contra de las y los funcionarios que no cooperaran debidamente, tenía que permitir que la lista fuera aprobada con seis personas; el miedo, entonces, fue necesario para lograr el objetivo final.
El miedo, amenazas y represión, para asustar a las y los comisionados con el petate del muerto, cumplió su papel. Y el miedo, para coaccionar a funcionarios de altísimo nivel, también fue efectivo. Una de las candidatas tenía el poder de hacer avanzar unos casos y suspender la persecución penal de otros; además, conocía muy bien muchos actos de corrupción de altos funcionarios de gobierno. Así, usó todos los beneficios que trae consigo el conflicto de interés y el chantaje, hizo honor a la frase “o me apoyas o te persigo” y logró ser incluida en la lista de seis.
Las polémicas resoluciones que las y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad emitieron en torno a este proceso, tendrán que ser enmarcadas y colgadas en el muro de la impunidad que tanto afecta a Guatemala. Ambas son muy lamentables, ya que producirán efectos nefastos y no sólo la sociedad perderá, sino que también la credibilidad en la justicia y en las elecciones de segundo grado se verá afectada, provocarán más ingobernabilidad y el descontento social incrementará. Y con estos complicados movimientos, las y los comisionados de la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General, se robaron la cuarta base (home) y anotaron la carrera que puso el punto final al proceso. Lamentablemente, las condiciones que muy probablemente fueron impuestas a la sexta candidata para ser incluida en la lista, harán peligrar el caso Comisiones Paralelas y otros en el futuro, en caso llegara a ser electa por el Presidente Giammattei como Fiscal General.
Sea válida la tesis que presentó aquí o no, lo cierto es que después de sufrir varias elecciones de segundo grado en el pasado, la conclusión es la misma: hay que cambiar el actual proceso. No importa si esta tesis fue o no premeditada, es decir, analizada, discutida y acordada previamente entre las y los comisionados y el Crimen Organizado. Algunas personas me han dicho que es imposible que la mente humana pueda producir el mal con tanta perfección. Me dicen que no fue una estrategia integral y premeditada, sino un proceso inconsciente, con “errores técnicos” de medición. De todas formas, sea una u otra la tesis válida, la conclusión es que hay que reformar la Constitución Política de la República de Guatemala y establecer un procedimiento que haga más difícil que el Crimen Organizado pueda aprovecharse del fraude de ley, del conflicto de interés, del chantaje y del abuso de derecho.
Lo que verdaderamente importa, es oponernos a este abuso, por medio de manifestaciones de descontento en las calles, como la realizada esta semana. Ya no podemos tolerar que estos crímenes queden impunes. Las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), por cierto, las tenemos que agregar a la lista de resoluciones monstruosas que esta Corte ha emitido desde que sus magistrados y magistradas tomaron posesión; y pasarán a constituir resoluciones prevaricadoras, que seguramente serán analizadas por las y los estudiantes de las Facultades de Derecho que participaron en el proceso. Quizá las y los muchachos estudiantes, hasta tengan la “suerte” que sus catedráticos sean sus propios decanos, protagonistas de este proceso.
