Pablo Mendoza. Exbecario UGRAD del Departamento de Estado de los EE. UU. y estudiante de Ciencias Jurídicas y Sociales.
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Cuando pensamos en la justicia, rápidamente pensamos en el símbolo de la balanza. Una balanza que representa el equilibrio, la proporción, la armonía… Particularmente, la Real Academia Española (RAE) nos dice que equilibrio hace referencia “al estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él se compensan” […] En términos de la justicia, ¿qué fuerzas encontradas operan sobre ella? ¿Logran compensarse en algún punto? Estas son algunas de las interrogantes que grandes filósofos se han planteado.
A más de 200 años de la “independencia” de territorios como Guatemala, El Salvador y México, mucho se ha hecho y deshecho en materia de justicia. Pero, ¿sabemos si esos esfuerzos han tenido algún impacto beneficioso para la población? o ¿hemos sido sujetos de mera experimentación social de quienes toman las decisiones basadas en modelos ajenos a este continente? El Índice de Estado de Derecho 2023 del World Justice Project, que se encarga de medir a) Límites al poder gubernamental; b) Ausencia de corrupción; c) Orden y seguridad; d) Derechos fundamentales; e) Gobierno transparente; f) Aplicación eficiente de las regulaciones; g) Justicia civil; h) y Justicia penal, ¿qué nos dice respecto a esto? Nos dice que México ocupa el puesto 116, Guatemala el 111, y El Salvador el 108, de 142 países medidos a nivel mundial. También nos dice que, a nivel regional, México ocupa el puesto 27, Guatemala el 26, y El Salvador el 25, de un total de 32 países. En resumen, el Índice nos dice que el factor clave que más ha disminuido en la medición realizada entre 2016 y 2023 ha sido el de los derechos fundamentales.
Si analizamos ¿cuál es el derecho “rector” en la balanza de esos derechos fundamentales?, el sentido común nos dice que es el derecho a la justicia. ¿Qué condiciones concretas materializan ese derecho en estos territorios? ¿Qué hemos hecho para encontrarnos en posiciones globales y regionales tan alejadas de lo que debería ser la aspiración de todo Estado de Derecho? Son preguntas cruciales que deben realizarse en el marco de: 1) la reforma judicial recién aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado de México, 2) los casos de las Comisiones de Postulación y sus Comisiones Paralelas 2016 y 2020 en Guatemala, 3) y las reformas penales sustantivas que, desde 2022, acompañan al régimen de excepción en El Salvador.
Entonces, ¿cómo debería ser la justicia? ¿A qué podemos aspirar? Marielos Chang, analista política, decía, en uno de los últimos episodios del Podcast TanGente, que esto es “por descarte”. Algo así como ¿qué es lo que no queremos respecto de la justicia? Desde la visión de un joven nacido en la era “democrática” de Guatemala, he de decir que no queremos que la excepción se vuelva la regla, como en El Salvador. No queremos que los jueces se escuden detrás de una máscara como los “jueces sin rostro” que propugna la reforma judicial en México, y que ya forma parte de las reformas penales sustantivas de El Salvador. No queremos que la justicia sea más política que independiente como ha sucedido en Guatemala, a través de las Comisiones de Postulación y sus Comisiones Paralelas, y, como puede suceder en México, a través de los jueces y magistrados electos por voto popular.
¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Qué fuerzas encontradas en el cuerpo de la justicia no han llegado a ese punto de compensación? La realidad es que la justicia no siempre ha sido valorada como un bien público, uno que deba preservarse. Por el contrario, encontramos que quienes la sociedad identifica como los máximos operadores de la justicia tales como los jueces y magistrados, son, debido a nuestra tradición jurídica de derecho civil y a nuestra historia, seres que reflejan ante la población, desconfianza, lejanía y opacidad. Los cuales se encuentran en contraposición a sujetos políticos que transmiten a las masas tanto en lo presencial, como en lo digital, los valores contrarios y que, a simple vista, se demuestra en plataformas como Nayib Bukele con 8.7 millones de seguidores en Tiktok; Claudia Sheinbaum con 4.2 millones de seguidores; y cualquier otro personaje político que pueda mencionarse.
Lastimosamente, la justicia no es popular, debe ser independiente… o ¿a caso sí lo es? Digamos que depende. Depende de la acepción de “popular” que tomemos como referencia. Si entendemos “popular” como sinónimo de accesible y cercana, como cuando mencionamos “educación popular”, SÍ, la justicia debe ser de largo alcance y de fácil entendimiento para todos. Pero, si entendemos “popular” como sinónimo de célebre o afamado, NO; la justicia no es popular desde esa óptica, la política SÍ. La justicia es incómoda ante el poder; de hecho, debe ser un contrapeso a las decisiones de los demás poderes del Estado. La justicia no da a cada uno lo que quisiera, da a cada uno lo que corresponde. La justicia no es la decisión circunstancial de la mayoría, es la decisión de lo que cada uno merece conforme a un sistema de reglas preestablecido; aún si eso no es popular.
“Y no es que uno desconfíe del pueblo” o del criterio del pueblo decía Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Se trata de entender que el acceso a la justicia es popular, pero su aplicación es eminentemente técnica. De lo contrario, la justicia seguirá sin encontrar ese punto de compensación entre fuerzas encontradas como la política y la realidad social. Finalmente, cada pueblo tiene el derecho de elegir lo que considere que mejor le conviene, de eso se trata, precisamente, ser autónomo. Sin embargo, mientras no comprendamos este equilibrio necesario en la justicia, seguiremos siendo un experimento; un experimento raro de los tomadores de decisiones con hambre de una justicia más cómoda y sedientos de una justicia más servil.
¡Por una justicia más abierta, por una justicia independiente!
