Jorge Beteta
La República de Guatemala, según su Constitución Política, reconoce que el Estado se estructura en un sistema democrático, representativo y republicano. Este gobierno (República) defiende ideales de libertad, justicia e igualdad, en los que el poder reside en la población y se ejerce a través de sus representantes elegidos. De ahí que el término «República» tenga su origen en el latín Respublica, que literalmente significa cosa pública (res). Esto alude a la noción de que la administración pública y la soberanía pertenecen al pueblo, no a quienes lo gobiernan.
El concepto sostiene la independencia judicial como uno de los elementos centrales. Esto garantiza la equidad y la justicia basadas en la ley, los dos pilares esenciales de cualquier sociedad justa y próspera. En una república, el poder no se acumula en un individuo como un rey o una élite reducida; se distribuye entre varios órganos con diferentes roles en la gobernanza.
La división de poderes tiene como objetivo detener el despotismo y evitar el abuso de poder por parte de cualquier persona o grupo. Lo hace controlando la autoridad de cada uno, haciendo que se equilibren para que ninguna rama se vuelva demasiado fuerte en comparación con las demás. En este diseño, el poder judicial es un actor importante: actúa como defensor y guardián no sólo de cualquier ley, sino específicamente de aquellas establecidas en la Constitución de Guatemala. Esto supone que deben regir las demás leyes que se dictarán o aplicarán aquí.
Sí, los jueces tienen la tarea crítica de adaptar la ley a las dinámicas sociales cambiantes, como señaló el famoso jurista alemán Ferdinand Lassalle. En cierta medida, los jueces deben actuar como un intérprete (el juez de todos) que no es más que defender y aplicar la ley: el Estado de derecho.
El sistema defiende la independencia judicial como uno de sus componentes centrales: garantizar la equidad y la justicia, que se basan en la ley y, por lo tanto, deberían ser pilares de cualquier sociedad justa y próspera. En una república, el poder no se centra en un solo monarca o una oligarquía, sino que está difundido entre diferentes órganos con funciones distintivas en el gobierno.
Esta división de poderes apunta a la tiranía y la consolidación del poder excesivo por parte de un individuo o grupo, que se mantendrá mediante un sistema de controles y equilibrios.
Sin embargo, no es un secreto que el sistema que tuvo una buena intención ha sido cooptado y mal utilizado por distintos sectores., Al punto que, históricamente, hemos marcado el incumplimiento de mandatos constitucionales claros, como la alternabilidad en las cortes. Hoy se tiene la oportunidad de enmendar la plana y regresar al ideal de la alternabilidad de cortes. Después de haber tenido magistrados por más tiempo del mandado constitucionalmente, hoy Guatemala vislumbra el inicio de un proceso nuevo, en el cual, esperamos encontrar aquella independencia judicial, marcada por el apego a la ley en su administración.
