Pamela González
Jóvenes IRIPAZ
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En los últimos años, la agenda internacional ha posicionado a la problemática del cambio climático como la principal crisis por la que estamos pasando a nivel global. Una crisis que todo el mundo sufrirá sin necesidad de una Guerra mundial por el poder, sino una Guerra contra el medio ambiente y la lucha por el agua, que actualmente se vive en distintos territorios, como es el caso de México y las potentes sequías que han azotado al país.
Ante las numerosas formas que el medio ambiente se ha manifestado para informarnos que la crisis medioambiental está más presente y alarmante que nunca, el mundo ha intentado descubrir nuevas formas de frenar los efectos climáticos e incluso revertirlos. Entre estas formas y tendencias se encuentra la economía verde, o capitalismo verde, como también se le conoce, la cual trata de modificar nuestro sistema económico y estructurarlo de manera que resulte beneficioso al bienestar humano y sus intereses, sin afectar de forma desfavorable al ambiente. Es decir, un tipo de economía que, aun satisfaciendo los intereses humanos, no genere riesgos ambientales o produzca escasez ecológica.
Esta tendencia en su forma ideal conduciría al desarrollo sostenible y a la eliminación de los efectos de los gases de efecto invernadero durante los procesos de producción de las empresas. Eso sí, siempre que sea bien planeado y ejecutado.
Sin embargo, ¿cuál es la realidad de su ejecución en el mundo y en Guatemala?
Esta balanza entre capitalismo y ecología es por sí misma un concepto bastante difícil de asimilar. El mundo hegemónico en el que vivimos y su sistema no están 100% dispuestos a cambiar sus mecanismos y resultados económicos en nombre de la ecología, por lo que crean propuestas con fachada ecológica, pero con ejecución contraria. Un gran ejemplo de esto es la instalación de plantas hidroeléctricas que son presentadas como alternativa eléctrica “verde”, pero que implican la construcción de plantas energéticas, lo que conlleva a la pérdida de áreas rurales y verdes, desvío de aguas, y al desplazamiento de comunidades indígenas y su pérdida de acceso a los recursos naturales. Además, esto crea un ciclo de monopolización de la producción agrícola.
Solo en Guatemala, para 2018, había 16 conflictos activos debido a hidroeléctricas instaladas en ríos como el Motagua, Cahabón, Salá o Chixoy, donde las comunidades y las vidas cercanas son las afectadas. Y, aun así, en Guatemala no existe una Ley de Aguas que regule este tipo de actividad y la buena distribución de este recurso vital.
Entonces, estas propuestas no significan un cambio de fondo, lo que para las empresas significaría que se democratizaran los recursos, resultando sus ganancias mucho menores.
De ahí surge el problema de ejecución en Guatemala. No es un secreto que grandes empresas tienen en sus manos el gobierno guatemalteco, al que no le convendría estos cambios. La indiferencia de los gobiernos a nivel mundial recae sobre sus intereses y ganancias, aunque lo disfracen de cambios ecológicos.
Como jóvenes guatemaltecos no debemos dejar de lado esta problemática, pues es de nosotros el futuro. Aquel que nos espera en un mundo acabado por el daño ambiental y la guerra por los recursos.
