Luis Fernando Rivera Erazo
luisferiverae@gmail.com
Twitter: @LuisAbyss
De nuestro contexto personal se desprenden diversas conclusiones, que se asemejan a los números imaginarios, con un componente real y otro útil, creado para ayudar a las matemáticas a explicar la realidad. Realizando una breve abstracción, podemos decir que el componente real son los hechos innegables que afectan a la generalidad, producto de la naturaleza o acuerdos alcanzados por la población del país.
¿Cuáles son nuestras principales alianzas como grupo humano? Aquellos contenidos en el artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala, con una Forma de Estado: libre, independiente y soberana. Así mismo el texto también establece un Sistema de Gobierno: republicano, democrático y representativo. De igual relevancia en el artículo 118 encontramos el Régimen Económico y Social, que se basa en los principios de justicia social.
Surgen de este componente real, instituciones, políticas públicas, responsabilidades, obligaciones, y derechos, siendo las principales los organismos Legislativo, Ejecutivo, y Judicial, cuya obligación principal es colaborar para que se respete y construya la forma de estado, el sistema de gobierno y el régimen económico.
Esta base del poder delegado es la más ejercitada entre los 196 territorios que experimentaron, transitoria o permanentemente, el ser denominados repúblicas.
Los tres poderes de nuestro país representan 550 plazas de elección popular, directa o indirecta, que serán ocupadas por magistrados, magistrados de conciencia, magistrados con representación, ministros, el presidente, diputados, y alcaldes. Además de estas instituciones, igual de importantes, están el Ministerio Público, la Universidad de San Carlos de Guatemala, los colegios profesionales, y el resto de las universidades que por homologación se les encomienda participar en procesos de elección.
Podríamos decir que nuestro componente real es de aproximadamente 600 plazas de elección popular, directa o indirecta, de quienes dependen, en gran medida las instituciones, que se transforman a través de las relaciones de colaboración entre autoridades. Son los candidatos a estos puestos los que formulan y aplican las políticas públicas.
Cada institución tiene códigos, leyes orgánicas y ordinarias, así como normas individuales sobre las que deben basar su actuación; su propio componente real. Aunque las responsabilidades y funciones de cada puesto sean ampliamente diferentes. Nuestros acuerdos comunes llaman a la colaboración, por lo tanto, llama a convivir en un plano de igualdad, pero también llaman a la población a darle la misma importancia a la fiscalización de la elección de cada uno de esos 600 puestos (dejando de lado por fines prácticos instituciones como las superintendencias, contraloría general de cuentas, registros y otras demasiado especificas).
El poner a 600 personas en un plano de igualdad es también un llamado a concluir que, si uno de ellos falla, el Estado falla. Si una de estas 600 personas cede, la cadena se rompe.
(Sin título – Zdzisław Beksiński – Obra 671)
De donde surgen entonces las cerca de 180,000 personas (casi el 50% de los ciudadanos con un trabajo formal y con las debidas prestaciones o una profesión, que no son empleados/empleadas de casa particular) aspirantes, a puestos de elección o de oposición ¿soy yo una persona en busca de esas 600 plazas? ¿soy uno de los 8 millones de ciudadanos empadronados? ¿soy trabajador formal?
¿Dónde quedó el componente útil el componente imaginario del número compuesto que es nuestra sociedad? ¿Qué opciones tengo y dependerá de aquellas 600 personas si soy político, trabajador o un recurso humano?
