Pedro Pablo Marroquín

pmarroquin@lahora.gt

Esposo, papá, abogado y periodista. ¡Si usted siempre ha querido un mejor país, este es su momento de actuar!

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Sabiendo cómo debería de funcionar un Estado de Derecho, nadie puede pretender que el Ministerio Público (MP) no investigue porque esa es su función.

Dicho lo anterior, lo que el MP hace es pintarse de cuerpo entero.

Presenta un antejuicio por un audio que ellos filtraron y que luego dicen que estaba en Internet (fuentes abiertas de información dijo Rafael Curruchiche), pero a la vez dicen que no saben la fecha del evento.

Luego, utilizan un caso B410 que apunta a otro lado para desviar la atención y centrarse en el gobierno de turno.

Como dije antes, cuestionarse los pagos es válido y el Gobierno debe explicar porqué se dio esa instrucción. Hay mucha confusión al respecto y lo que típicamente se hacía antes era “solo dejar de pagar” a los contratistas.

En el pasado, esos pagos han sido fuente de enormes mordidas y ahora el MP tendría que poder probar algo de esa naturaleza, pero viendo lo que presentaron ayer, queda la sensación que no tienen nada de eso porque se siente desesperación en Gerona y que están tirando patadas a lo loco.

Pero si reconocemos que el MP tiene el derecho y hasta la obligación de investigar, ¿por qué será que a la pareja del conservador Alejandro Giammattei ni lo voltean a ver?

Miguel Martínez, (el Ingeniero como le decían en el Gobierno de su pareja) algo le sabe a los mandos del MP y por eso no se animan a siquiera indagar un poco.

Conociendo cómo operan, gritos deben haber sido los que pegaron la semana pasada en el MP cuando la SAT presentó el caso B410 ordenando que en ese caso se desviara la atención al gobierno actual, aún y cuando el listado de empresas que obtuvo La Hora (investigando y no por fuentes abiertas de información como diría el ahora aspirante a magistrado) apunta al círculo de “Miguelito”.

Se recuerda uno del audio aquel de la Vieja … y el … c… que el gobierno de Giammattei- Martínez le atribuyó a inteligencia artificial.

El jefe de la SAT nunca exculpó a Martínez como este dijo en una carta a La Hora, solo expresó que no había funcionarios públicos ahora sindicados en la denuncia, porque en un país con Estado de Derecho real y cuyos funcionarios no tienen divorcio entre fe y vida, se investigaría para llegar al fondo mediante las rutas de los dineros.

La sociedad debe discutir, como hizo en el pasado, esa selectividad para llevar a cabo investigaciones. Solo investigar una parte de la corrupción no fue correcto antes y ahora tampoco es correcto que ni volteen a ver a los que siguen operando la mayor corrupción en Guatemala. No podemos vivir de péndulos y por eso debemos tomar una decisión de país para enderezar el rumbo de manera sostenible.

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