Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.gt
@ppmp82
Para muestra dos botones: en este trabajo de hace unos días se evidenció cómo dos entidades crecieron sus asignaciones de manera exponencial en el gobierno de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.
Cuando vino a los estudios de La Hora, dijo el secretario general del Ministerio Público (MP) que ningún fiscal ha generado alerta que se esté llevando a cabo investigación en contra de Miguel Martínez, pareja del expresidente.
Cabe mencionar que el señor Martínez no tuvo ni tiene antejuicio y por lo tanto, indagar en su caso no tiene limitación. Vale la pena recordar que este MP violó el derecho de antejuicio de autoridades electas y por el contrario, inició acciones en contra de quienes investigaron a Blanca Stalling (a la que de paso se le llevó un proceso para quitarle el antejuicio en el marco de lo que manda la ley). Así los contrastes.
Para que todos los ciudadanos salgamos de dudas, lo único que tiene que hacer el Ministerio Público, apoyado en resoluciones judiciales, en la Intendencia de Verificación Especial (IVE), es seguir la ruta del dinero de aquellas entidades que estaban en el círculo de confianza de Giammattei y especialmente de Martínez.
Está claro que el MP no se topa con ese muro judicial en los casos que le interesan. Los que son su prioridad encuentran jueces ad hoc que les resuelven lo que quieren. El sistema aleatorio del Organismo Judicial para asignar casos parece que deja de ser tan aleatorio para funcionar como mira de francotirador: al juez que quieren a ese le cae la chibolita.
Los casos incómodos para quiénes han tenido mucho Consuelo y Ángel de la Guarda de forma extraña esos sí se topan con el sistema de justicia que no les deja avanzar. Con otras palabras, pero así lo explicó el Secretario General en el Cara a Cara de La Hora.
Y todo esto cobra más relevancia, ahora que la Ministra de Comunicaciones anuncia reuniones con algunos contratistas, pues es bueno tener en consideración que muchos de esos contratos pueden tener vasos comunicantes al ex Centro de Gobierno y por eso lo mejor es denunciar y pedir que se investiguen las adjudicaciones, pero más que eso, cuál ha sido la ruta de los dineros. Claro está que los precios están por encima de lo que debe ser, pero es clave entender por qué y qué pasa con los sobreprecios.
Si el Estado ha pagado X millones, basta con ir a ver qué pasa después en las cuentas. ¿Qué se retira en efectivo? ¿Qué se transfiere de banco a banco? ¿A quiénes? ¿Para qué? ¿En qué conceptos? ¿Con qué soportes? ¿Por qué servicios?, etc.
Siempre hemos hablado de la certeza jurídica y lo necesaria que es, pero debemos recordar que para tener certeza los derechos se tienen que haber adquirido de manera correcta, de manera legal y sin vicios de corrupción o tráfico de influencias.
El país tiene elección de Cortes este año y serán los dineros de esos contratos que generan enormes dudas, por decir lo menos, los que servirán entre otras muchas cosas para aceitar la maquinaria de la elección del colegio de abogados, de las Comisiones de Postulación y del mismo Congreso para asegurar que se instalen magistrados que por 5 años aseguren impunidad de la buena a los operadores de la corrupción y sean una amenaza para aquellos que buscan hacer las cosas bien alejados de los vicios.
Que se siga operando con sus reglas es lo que quieren personajes como Miguel Martínez.
