Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.gt
@ppmp82
En los días de votación, es decir, el 25 de junio y el 20 de agosto, no hubo fraude.
Los cientos de miles de ciudadanos que cuidaron los votos hicieron un trabajo honrado, observado y fueron la garantía que no hubo amaño.
En los días previos a la elección sí eliminaron candidatos y tales acciones coincidieron con las molestias, enojos y deseos de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez y si alguien tenía los recursos del Estado para intentar incidir en las elecciones, era VAMOS y casi logran colarse en las presidenciales.
Si no le gustó el resultado está en su derecho porque así se vive en una democracia, pero de no estar conforme a que haya habido fraude hay un trecho muy largo.
Cuando iniciaron las acciones de protestas (incluidos los bloqueos que no pueden ser el camino por ilegales), no se lograron mayores acuerdos en torno al Ministerio Público (MP) porque las autoridades ancestrales argumentaban que el mandato de sus territorios era la renuncia y nada más.
Pasaron los días, las renuncias no se dieron y no se van a dar en este momento porque la gente todavía no sabe bien cómo están operando las cosas en el ente investigador, pero al haber centrado todo en un solo plan nos quedamos a medias.
Si los grupos indígenas y los grupos empresariales decidieran fortalecer la institucionalidad del MP más allá de las cabezas que ahora dirigen, centrarse en la eliminación legal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) es un aspecto clave porque es necesario poder fortalecer las otras fiscalías y respetar la carrera fiscal.
La FECI es una fiscalía que no deja a nadie indiferente. En el pasado fueron unos y ahora otros los que se muestran contrarios al trabajo de la fiscalía y lo mejor es que desaparezca en esta nueva etapa que necesita Guatemala.
Los casos más complicados que lleva la FECI deben ser investigados por uno o dos fiscales especiales (por caso) que le den garantías a los guatemaltecos que las resultas de las investigaciones serán imparciales y objetivas.
Además, eso permitirá saber exactamente dónde está la Corte de Constitucionalidad (CC) en este momento clave para sostener la democracia de Guatemala.
Junto a los esfuerzos por mejorar la institucionalidad del MP, necesitamos urgentemente trabajar y discutir los términos de una reforma judicial que permita que los buenos jueces sigan su camino y que los jueces que actúan de espaldas a la legalidad empiecen a ver cerrado el espacio.
Los magistrados o quienes aspiran a serlo, no pueden seguir siendo objeto de los chantajes de los diputados y el poder político porque eso corrompe la carrera judicial y el mero sentido de impartir justicia.
Además, eficientemente debemos acordar la manera en la que defenderemos la independencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque ya piensan que Silvia Patricia Valdés puede ser la nueva presidenta del TSE, una vez quiten a los magistrados actuales. El plan pasa porque si logran instalar nuevos magistrados, sean estos los que anulen las elecciones 2023.
El TSE tiene muchas herramientas, pero necesita el acompañamiento real, permanente y decidido de los actores de más peso y esto es clave porque no solo son las elecciones 2023, es todo el sistema democrático el que está en juego.
Hay muchos otros temas que podemos y debemos acordar, pero primero necesitamos cohesionar acciones que nos permitan ir construyendo confianza. Solo unidos podremos resistir los embates de un grupito que necesita este sistema vivo, que requieren que la corrupción y la impunidad sigan siendo su luz y por eso están dispuestos a todo.
A quienes no quieren democracia les quedan menos de 60 días y de aquí al 14 de enero será como ir en un avión con extrema turbulencia y nos debemos asegurar que se quede en eso, una incómoda turbulencia que no nos impida llegar al destino democrático que debe dar paso a la estructuración de una mejor Guatemala.
