pmarroquin@lahora.gt
@ppmp82
De todos es sabido que el Centro de Gobierno, cuando olía a alguien en complicadas situaciones, se tiraba a la yugular y así logró muchas cosas, entre ellas alianzas que quienes fueron objeto de las mismas aceptaron quizá a regañadientes, pero no querían que en público se supiera nada.
Para la mala suerte de algunos, las narrativas terminaron coincidiendo o incluso, el oficialismo se subió a un barco de fraude que primero se gritó en la corporación municipal de la capital a las primeras de cambio, cuando había muy pocos elementos para asegurarlo y especialmente, porque eso implicaba que los miembros de las Juntas y Presidentes de Mesa eran parte de la jugada.
Las actas deben revisarse y eso no lo puede negar nadie porque hay algunas mal llenadas, pero la cantidad no son la mayoría, al contrario, y se generan enormes sospechas cuando los interponentes del amparo se lanzan de lleno al conteo de votos cuando de todos es sabido que en Guatemala no existe tal figura y que la Corte de Constitucionalidad (CC) se lo sacó de la manga, dejándolo como “último recurso”.
Que ganen los que resulten ganadores en función de lo que se expresó en las urnas, pero lo que no se puede es actuar en consonancia con el oficialismo porque las intenciones de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez pasan por hacer lo necesario para que no se oficialicen los resultados, no haya segunda vuelta, sentar a quienes ofrecieron su apoyo en los diferentes puestos y tratar de postergar su inmunidad y/o protección.
Las presiones sobre las Juntas Electorales cada día crecen más y no faltarán aquellos que presenten recursos alegando que las Juntas no cumplieron lo que dijo la CC y con ello buscarán seguir postergando las cosas para que no se oficialicen los resultados.
Abrumador ha sido el apoyo a la institucionalidad de las elecciones y labor de las juntas y muchos han hecho ejercicios para erradicar la idea creada (apoyada en un inicio hasta por Semilla) de que hubo un fraude en el distrito central, mensaje que luego fue replicado a la elección presidencial que es la que más le preocupa al oficialismo.
Varias organizaciones hicieron un ejercicio con las actas y dijeron que no había alteración de resultados. Quienes esgrimen que hay “ilegalidades” tienen la carga de la prueba y la alta obligación, no solo de explicarlo, sino de distanciarse o dejar de actuar en conjunto con la narrativa oficial.
Siempre he dicho que quienes pactaron con el Jefe de Jefes se pusieron en una muy comprometida situación y cuando alguien, con el afán de alcanzar un puesto, toleró los apoyos que el Centro del Gobierno le podía dar, cruzó aguas que generan tal corriente que es casi imposible regresar al punto de partida.
La Hora, históricamente, se ha posicionado en contra de todo tipo de fraude o manoseos electorales, y por eso bien importante que los mismos en caso de existir queden explicados, documentados y en este caso, presentadas las denuncias por quienes sienten que tienen todos los pelos en la mano.
Por lo que he visto, me han enseñado y explicado algunos no creo que hay un tema de fraude. Hay un tema de actas que se debe dilucidar, pero también reconozco que en Guatemala no hay conteo de votos (nos guste o no, pues yo creo que debería haber) y ver que con o sin querer, algunos reman en la dirección del oficialismo es un grave error y por eso la presentación conjunta del amparo también creo que fue un mal cálculo político.
La voluntad de la gente se tiene que respetar y si hay actas que no quedan claras deben quedar invalidadas porque esa sería la mejor solución si no hay claridad de cómo, algunos errores de forma en las actas, afectan el proceso. Anular esas actas en particular es lo más justo para todos.
Si en alguna acta hay un tema en particular, hemos visto que las juntas han rectificado y eso es necesario para la democracia, pero de eso a ir en un carro que busca invalidarlo todo, es una apuesta muy peligrosa que ciertos miembros de la sociedad no se pueden dar el lujo.
