Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.gt
@ppmp82
Hay vicios enormes en la administración de justicia en Guatemala que han ocurrido por décadas y que empezaron a ser más sensibles a muchas personas cuando en el 2015 la realidad nos pegó en la cara.
Somos el país que oficialmente incumple los plazos procesales en todas las ramas y somos un país con enormes hacinamientos en cárceles porque hemos sido incapaces de generar mecanismos que nos permitan dictar prisión preventiva solo cuando realmente se amerita porque hay peligro de fuga o posible obstaculización a la averiguación de la verdad.
Antes del 2015 ya había gente que se pasaba detenida más de 24 horas sin ser escuchada por un juez o personas que se pasaban en la carceleta días esperando la audiencia, con tal de no ir a la cárcel a pasar unas cuantas noches. “Que no te capturen en viernes porque te pasas hasta el lunes preso”, decían los abogados que merodeaban los tribunales de justicia.
En los años de CICIG y MP hizo falta ser mucho más vocal con esa realidad e insistir más en las medidas para atajar el problema. El brazalete o control telemático nunca se materializó porque la gente está más pensando en cómo hacer negocio que echar a andar un proyecto de enorme beneficio para el país e hizo falta que quienes en aquel momento tenían voces que eran escuchadas y tomadas en cuenta, fueran más vocales al respecto con el afán de enfrentar un problema que ha afectado a millones y que ahora lo denuncian los mismos operadores de justicia.
Es necesario que se eche a nadar el control telemático y que la gente que no representa peligro de fuga u obstrucción a la averiguación de la verdad empiece a salir de la cárcel en lo que se les dicta sentencia y sin duda debemos acabar con esa mala práctica de la prisión provisional. Si capturan a alguien y el juez no le puede dar a conocer el motivo de la detención y escucharlo en su primera audiencia -por la razón que sea, incluyendo que el MP decida no ir a la audiencias- debe ser dejado en libertad.
Un problema de más de una década ha sido el mecanismo ideal para hacinar las cárceles y este problema no discrimina. Claro está que a quien acusan de haberse robado una gallina tiene menos pulso que a quien se le acusa de haberse robado millones y no digamos de aquellos que tienen acceso y no les importa navegar en el sistema paralelo de justicia.
Arreglar el tema de la justicia es un reto complejo y demanda unas reformas integrales. Por eso siempre creí que meter el derecho indígena como lo hicieron en la reforma del 2017 fue un grave error porque bloqueó todo. El derecho indígena es un mecanismo alterno en la resolución de conflictos y funcionaba bien, como sigue siendo hasta la fecha, pero tiene límites que no pueden transgredirse frente a la justicia ordinaria.
Los guatemaltecos necesitamos discutir el futuro de la justicia y no debemos cometer errores del pasado. ¿Hablar ahora de reformar la justicia? Por qué si vamos ganando expresó una persona en una conversación informal y ese puede ser el pensamiento de muchos, pero hay que entender que cuando cambien las cosas sobre esos mismos vicios que han estado, están ahí y estarán si no hacemos nada, sentarán a las personas que se les dé la gana cuando llegue el momento.
El panorama es complejo porque hay gente exacerbando el miedo, los radicalismos en ambos lados y por eso es que la gente expresa que con tal de no caer en esos extremos de cualquiera de los lados, casi que se vuelve necesario tolerar, aprender a vivir y casi que gozar la podredumbre. Eso es grave para una sociedad que necesita tener discusiones reales para resolver sus añejos vicios.
