Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
No me refiero a la manera en la que habla de los valores y de la familia, la forma en la que se declara conservador que contrasta con su estilo de vida actual. Cada quien es libre de tomar sus decisiones, pero la manera en la que hablaba versus lo que actuaba, en su momento me llamó la atención y siempre supe que más adelante en su presidencia íbamos a tener más de esto.
Y la semana pasada fue un claro contraste. Por un lado el presidente Alejandro Giammattei aceptó que Taiwán le pagara un lobby que es importante para él, no para el país y por el otro, saltó como fiera cuando el G13 invitó a los postuladores juramentados alegando que eso era injerencia extranjera.
Estamos claros que la Comisión de Postulación debe actuar con independencia y francamente no veo que una invitación de embajadores acreditados en el país o de organizaciones sociales locales (de derecha o izquierda) que quieran acercarse a la comisión para conocer de su trabajo y en función de eso hacer recomendaciones, sea un tema de injerencia.
Las comisiones han escuchado en el pasado a Raymundo y medio mundo y nunca antes se había hablado de injerencia. Han escuchado y en la mayoría de los casos, no han adoptado las recomendaciones o sugerencias que les han dado y, aunque no nos guste, lo pueden hacer porque son entes autónomos a pesar de que en la práctica no lo sean del todo.
Las interferencias al trabajo de la comisión se van a dar porque quien finalmente elige tiene unas necesidades “bárbaras” de impunidad. Hoy la audiencia que Estuardo Gálvez y el decano de la Facultad de Derecho tienen en tribunales será clave y si les quitan ese caso de encima, se confirmarán los temores de que Consuelo Porras y Giammattei van tras los 4 votos que Gálvez “controla” en la comisión.
No puede ser que un Presidente acepte de Taiwán, país del que en el caso Portillo quedaron en evidencia las “dádivas” que luego quisieron disfrazar como apoyos para bibliotecas, pero se oponga a que embajadores se acerquen a una comisión que debería ser la más vigilada en la historia.
Fidel Reyes Lee ha jugado un rol clave en la Alianza Oficialista que dirige el mismo Giammattei y ahora está siendo una pieza clave en la Comisión de Postulación, nombrando a una asesora del Congreso y abriendo la puerta para que se puedan canalizar a través de ellos (como una de las varias opciones), los deseos del Ejecutivo.
Vistas las cosas, surge la duda si el esfuerzo del Gobierno no se encamina a montar una operación de Comisión Paralela en la que ellos incidan, presionen y controlen cómo va a salir la lista de los 6. Los decanos que han marcado una línea institucional y que han buscado que los procesos cumplan, están en su prueba de fuego porque aquí los recordatorios/amenazas de terceros desconocidos cuando van al baño (como le pasó a uno de ellos), serán pan de todos los días y por eso bien harían de sesionar en algún lugar con tecnología de punta (circuito de cámaras) como lo puede ser la Universidad del Valle.
El debate en torno a esta comisión, a mi manera de ver, no debe ir solo en torno a la honorabilidad pues a esa ya le encontraron la forma para “hablar de ella sin evaluarla” y así cumplir un “formalismo”. El punto ahora es hablar de si alguien es idóneo o no, es decir, que los postuladores sigan con eso de que no tienen elementos para cuestionar la honorabilidad de la persona, pero que la persona evaluada es o no idónea para el cargo. Esa es la clave.
Esa debería de ser la meta si lo que deseamos es una evaluación objetiva y para hacerla, es fundamental que más allá de los temas académicos, los aspirantes puedan demostrar su idoneidad para ser Fiscal General al exponer su vida profesional, su ejercicio en distintas facetas, sus fuentes de ingresos (sin mencionar cantidades por clientes) y sus potenciales conflictos de interés.
