Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Nadie es culpable hasta ser oído y vencido en juicio. Ratificado lo anterior, los indicios que existen en contra del presidente Alejandro Giammattei no pueden quedar en nada porque el afectado es el Estado de Derecho del país.
Es en el mejor interés de todos los guatemaltecos, en especial del Presidente que expresa que no necesita ni de jabón para estar limpio y de la Fiscal General del Ministerio Público (MP) que jura actuar en el marco de la ley, que se conozca a profundidad el testimonio del testigo.
Los medios que nos decimos serios hicimos verificaciones en torno a la declaración y por eso, desde un medio como el New York Times se publicó la declaración del testigo y por ende, tales aseveraciones no pueden quedar en saco rato.
No se trata de intentar “ir adivinando” como han querido hacer algunos, si no de perseguir hechos reales y aseveraciones vertidas ante el ente investigador porque los rusos están siguiendo el modelo de TCQ.
Tal modelo implica uso de puerto nacional, arrendamiento/usufructo en lugar de concesión (para evitar la aprobación del Congreso de la República), pago de mordida al mandatario y eso es justamente lo que señala un testigo que narra cómo cargó la alfombra llena de dinero y hasta con moña.
El pacto entre Giammattei y Porras fue “tu me proteges, yo te reelijo”. La parte de la reelección está en veremos, la de la protección es una realidad porque Consuelo ha removido fiscales, guardado investigaciones y sigue haciendo movimientos a lo interno de la FECI para asegurar que a nadie se le vaya a ocurrir subirle un caso que afecte al Presidente.
Así como exacerbaron el tema ideológico para matar los cambios al sistema, ahora quieren hacer ver que esto es un tema personal entre Juan Francisco Sandoval, Consuelo Porras y Alejandro Giammattei, pero la verdad es que basta escuchar a otros fiscales del MP para entender que esto se convirtió en una política de Estado para proteger los negocios, las plazas, el compadrazgo, las obras y la mala utilización del aparato estatal.
El tema de los Q122 millones es otro que tarde o temprano va a reventar porque hubo mucha gente involucrada y esa fue una de las cosas que uno de sus ex cercanos colaboradores le fue a contar corriendo cuando supo que habían pesquisas que podían involucrarlo.
Despersonalizando las situaciones, es necesario investigar porque no puede ser que la Presidencia de la República sea el centro de gestión de millonarios negocios y que la Fiscalía General dé las plenas garantías de impunidad.
Lo anterior no solo socava el Estado de Derecho sino que además complica cualquier panorama o expectativa económica. Quienes desde el sector privado están invirtiendo en expertos que ayuden a fortalecer la certeza jurídica, pueden terminar tirando a la basura el esfuerzo si los principales valladares para matar la certeza y golpear el Estado de Derecho están en Casa Presidencial y en el piso 8 del Edificio del MP.
Es natural sentir, como pasa en Nicaragua, que si uno alza la voz en contra del régimen totalitario de impunidad usarán el aparato en contra de quien “se anime”, pero debemos entender que lo peor que podemos hacer es quedarnos callados o indiferentes ante lo que sucede.
Es valido hablar de los miedos, de las penas, de las necesidades que tenemos de encontrar poco a poco terreno en común, pero lo que no podemos hacer es quedarnos mudos porque eso es lo que imploran los radicalismos de ambos lados.
Se necesita fortalecer el Estado de Derecho, asegurar investigaciones objetivas y sin interferencias, maniobrar para votar por personas y no por listados, reformar el sistema de compras, fortalecer la justicia y quitar la herramienta de las plazas para asegurar los pagos de pestilentes acuerdos.
Corre el reloj y urge que atinemos a ponernos de acuerdo.
