Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Siempre he dicho que los miembros del Pacto Oficialista actúan, en apariencia, desde el poder que el momento y la indiferencia ciudadana les otorga, pero francamente creo que los mueve más el miedo que los hace pensar que ahora deben tomar las acciones –por ilegales y descaradas que sean– con el afán de evitar que la cita con la justicia sea una experiencia desagradable.
Néster Vásquez se ha convertido en el nuevo Mynor Moto para el Pacto Oficialista y se está prestando al juego de forma burda y descarada. Vásquez, como Moto, necesitan inmunidad para no enfrentar la justicia y por eso es que el todavía magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no renuncia a pesar de la obligación que tiene de hacerlo.
Y no es solo renunciar un día en la CSJ para asumir en la Corte de Constitucionalidad (CC) el mismo día. Ser magistrado de la CSJ genera una incompatibilidad para asumir en la CC y por ley, Vásquez debe renunciar con 15 días de anticipación y no lo hace porque sabe que, al renunciar, tiene una cita con la justicia al igual que Mynor Mauricio Moto Morataya.
La ley establece que al no renunciar se debe entender que no aceptó el cargo para la CC, pero como aquí es Guatemala y la ley está sirviendo para lo que quien ostenta el poder desea que sirva, les vale gorro la necesidad de renunciar.
Usted, estimado lector, seguramente se pregunta cuál es la gana de sentar a “puro tubo” a Vásquez en la CC si ya tienen los votos, Leyla Lemus tiene marchando a la gente en el máximo tribunal y la respuesta es bien sencilla: les urge salir de María Cristian Fernández porque la forma en la que fundamenta sus decisiones los pone en una evidencia que no desean.
A Vásquez, como fue en su momento con Lemus, la Fiscal General lo protege y maniobra para complicar la vida de los investigadores. A la fecha Consuelo Porras sigue “analizando” los antejuicios contra magistrados de la CSJ que dijo, en días previos, no haber autorizado porque no se los habían presentado.
Y cuando uno ve esas acciones, recuerda la protección que le dio a Leyla Lemus por la denuncia que el hasta hoy presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) presentó alegando una conspiración para re cooptar la institución. Porras dijo que no a un antejuicio contra Lemus, quien se resistió a dar información, y exigió que cualquier cosa relacionada a la Presidencia se pidiera con cordialidad.
Digo que Vásquez es el nuevo Moto porque el Congreso trata de forma diferente casos iguales. A Gloria Porras no la juramentaron porque había recursos pendientes de resolver y en el caso de Néster Vásquez el hecho de que haya recursos pendientes (y hasta extraviados) no le importa al Pacto. Diligentes para no juramentar a Porras escudándose en la ley, pero más diligentes para obviar esa misma ley con la que cesaron a quien tienen por enemiga.
Ante las claras evidencias, Roberto Molina Barreto debe hacer las de Consuelo Porras: usar un palabrerío que se traduce en verborrea legal para tratar de defender lo indefendible y cree que todos los abogados pasamos de noche en las aulas como para saber que lo expresado es mentira.
El Pacto Oficialista está ahora tratando de arrasar con todo y por eso es que en jugada cantada, presentan inconstitucionalidad contra la FECI. No me sorprendería que desde la misma CC le hayan pedido a las mafias que la presentaran.
Pero no se están dando cuenta que ese “desmantelamiento” le allana el camino a las mafias más rudas, al Narco y al crimen organizado en pleno y cuando estos toquen a la puerta, será sonoro el “Ohh… ¿y ahora, quién podrá defendernos?” y la respuesta de un par será: “lo que podía servir, lo desmantelamos para según nosotros, vivir tranquilos”.
