Muchas fueron las instituciones que surgieron por mandato de la actual Constitución Política de la República de Guatemala y algunas fueron consecuencia de la preocupación de los políticos y la ciudadanía sobre los vicios de nuestro sistema autoritario que se fue cimentando con base en los escandalosos fraudes electorales de los llamados gobiernos militares que rigieron a partir de 1970. Entre ellas se puede destacar la figura del Procurador de los Derechos Humanos, la de la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral que son producto de aquella Asamblea Nacional Constituyente que dispuso su creación para atajar abusos del pasado que resultaron terriblemente costosos.
Yo creo que las tres instituciones tuvieron sus momentos de verdadera gloria que les significaron el respeto de los ciudadanos. El papel de los diferentes Procuradores de los Derechos Humanos fue realmente importante para tratar de generar una concepción distinta sobre el tema, mismo que había sido tratado peyorativamente y con el máximo irrespeto por quienes se burlaban de ellos diciendo que solo interesaban a los “izquierdos humanos”, según palabras de Lucas García y de algunos periodistas que hacían mofa de esa preocupación universal.
Lo mismo puede decirse de la Corte de Constitucionalidad que, como es natural con un tribunal de esa naturaleza, fue dictando fallos que, aunque no gustaran a alguna de las partes, terminaban siendo respetados por la solidez de los argumentos y, por qué no decirlo, por la calidad humana y profesional de quienes la integraban. Eran tiempos en los que los diputados se cuidaban de hacer pactos turbios en el proceso de designación, tanto de los integrantes de esa alta corte como de la PDH, lo cual se tradujo en designaciones que, aunque no gustaran, se ganaban el respeto ciudadano.
En el mismo plano estaba el Tribunal Supremo Electoral, surgido como respuesta a la dolorosa experiencia de los fraudes electorales de 1974, 1978 y 1982. Se pensó en conformar una instancia que fuera garantía de respeto a los comicios y que permitiera voltear la página a ese nefasto precedente histórico en el que no importaba quién votaba sino quién contaba los votos y cómo los contaban para favorecer siempre al oficialismo.
Hoy en día esas tres instancias que fueron el mejor legado de los constituyentes del 85 han terminado siendo parte de esa absoluta cooptación de la institucionalidad en Guatemala y lejos de ser garantía de respeto a la ley y al estado de derecho, terminaron siendo instrumentos deleznables para regresar a un pasado en el que ni los derechos humanos, el imperio de la ley y el respeto a la voluntad popular valían un comino.
En poco más de un mes el TSE convocará a elecciones generales que deberán celebrarse el año entrante y resulta patético el nivel de desprestigio que alcanzó la autoridad electoral, al punto de que no sólo se duda de su honestidad para contar los votos sino también de su independencia para operar conforme a la ley para la inscripción de candidatos, sobre todo por ese doble rasero en temas como el de la campaña anticipada.
No deja de ser significativo el deterioro de esas tres instancias creadas por la Constitución para protección de la ciudadanía y sus derechos, pero se explica porque la voracidad alcanzó límites nunca antes vistos.
