El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales decidió posponer la vigencia del requisito de la Licencia Ambiental, que vencía este mes, concretamente el 16 de diciembre, para el 27 de septiembre del 2024, tomando en cuenta que en los días que quedan sería imposible tramitar todas las solicitudes que están tramitando luego de que los consultores autorizados empezaran a alertar a sus posibles clientes. El trámite de la licencia se ha convertido en un importante negocio para ese selecto grupo de profesionales que disponen de la autorización para realizar los estudios de un requisito que tiene poco sentido cuando vemos la incapacidad del Estado para implementar acciones de verdadera protección del medio ambiente.
Comparado el efecto que pueda tener una oficina donde trabajan unas cuantas personas que usan computadoras para ejecutar sus labores con lo que ocurre en el Río Motagua, convertido en vertedero de cualquier cantidad de desechos de plástico que provocan serios problemas ambientales en Honduras, la verdad que no se le encuentra sentido a ese requisito que es muy costoso. Anda circulando en redes sociales un video sobre el abandono que hay de la limpieza en los baños de la Terminal Aérea La Aurora y piensa uno que si se pusiera atención a esos descuidos y asquerosa contaminación, en vez de estar atornillando a la gente para que contrate a un consultor, seguramente que se haría mucho más por el ambiente.
Guatemala es un país donde uno puede ver vertederos de basura por todos lados y no hay carretera que no ofrezca ese pavoroso paisaje producto del descuido de las municipalidades para el tratamiento de la basura y toda clase de desperdicios. El trabajo del Ministerio de Ambiente tendría que ser de estrecha colaboración con todos los ayuntamientos, no solo para establecer reglamentos efectivos para el tratamiento de los desechos, sino para garantizar la implementación de políticas ambientales que se propaguen por todo el país.
Las industrias más contaminantes son fácilmente detectables y en ellas se debiera concentrar el ministerio, en vez de esa su postura de obligar a todo negocio, individual o con personería jurídica que opere en el país, a tramitar esa licencia y registrarse, lo cual obliga a que un “experto” deba realizar previamente el estudio para determinar qué categoría corresponde y el tipo de licencia que se debe tramitar. Y es ese tipo de abusos lo que incentiva más a la economía informal, porque todo aquel que tiene un registro oficial de su actividad será perseguido y multado de no cumplir con exigencias como la que dispusieron los políticos que dirigen el Ministerio de Ambiente.
Proteger el medio ambiente es mucho más que disponer de una licencia que, salvo contadas y conocidas excepciones, debiera ser de sencillo trámite sin costo para el empresario. Y eso sabiendo que las tales licencias serán archivadas sin que nadie les vuelva a poner ninguna atención porque, entendámoslo bien, hace mucho tiempo que no hay ambientalistas dirigiendo ese ministerio y son políticos, de los más tradicionales, los que se han adueñado del feudo y saben cómo operar dentro de este marasmo de ineficiencia y corrupción.
