Ayer se conoció la renuncia de la Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia Morales, presentada ante el Congreso de la República, organismo encargado de conocer la dimisión, sin que se sepa la causa de la misma. La jurista fue electa hace ocho años para integrar la CSJ y su período, como el del resto de los magistrados, venció hace 36 meses, pero debido a la actitud del Congreso de no elegir magistrados se ha dado una prórroga inconstitucional del mandato de todas las judicaturas en las Salas de Apelaciones y en la misma Corte Suprema.
Se dice que a falta de nombramiento de los nuevos magistrados, los actuales tienen que continuar en sus cargos con base en una resolución de la Corte de Constitucionalidad, pero subsiste el dilema ético de si es válido seguir ocupando un puesto a pesar del vencimiento del período para el cual existió el mandato. Si simplemente dejan su puesto pueden verse sometidos a algún proceso por abandono de funciones, pero la renuncia es un gesto digno que invita a la reflexión, sobre todo viniendo de alguien que siente la ausencia del asidero legal necesario para continuar con la importante función de no solo administrar justicia, sino dirigir de alguna manera el poder judicial.
María Eugenia ha tenido una larga trayectoria en la vida nacional y sus aportes, tanto en la Procuraduría de los Derechos Humanos como en el Organismo Judicial han sido siempre reconocidos por su entereza y ética, actitud destacada a lo largo de estos ocho años últimos, cuando le ha tocado estar en notoria minoría dentro del cuerpo colegiado. Junto a otras dos magistradas acudieron en el 2020 al Congreso de la República para pedir la realización de la elección de Cortes exigida por el ordenamiento constitucional, petición ignorada por legisladores que no han tenido ninguna prisa por cambiar a los juzgadores, en su mayoría apalabrados para mantener el régimen de impunidad.
Siempre he pensado que cuando uno disiente del proceder la mayoría de los integrantes de alguna entidad, llega el momento en que no hay más remedio y se debe renunciar. Lo contrario, estar en desacuerdo, pero quedarse como si nada, sea por el sueldo a recibir o por cualquier otra consideración, me parece incongruente con la ética. No entiendo, por ejemplo, a esos diputados “honorables” y ajenos al proceder de sus corruptos colegas que no solo se quedan sin elevar la voz de protesta, sino que están ya preparando su reelección, aún a sabiendas de las maniobras del oficialismo para perpetuar la dictadura de la corrupción.
Es mil veces preferible salir y denunciar la realidad que uno vive cotidianamente en esos organismos podridos que simplemente pronunciar uno que otro discurso medio crítico o uno que otro fallo disidente. De una u otra manera se termina validando la corrupta realidad, preservando la “alta investidura” y, por supuesto, el jugoso salario y las prebendas.
María Eugenia Morales ha demostrado su insatisfacción con esa inconstitucional prórroga de funciones y lo hizo al exigir al Congreso la pronta elección de Cortes.
