Nadie ha podido probar de manera fehaciente que los manifestantes responsables de la quema del Congreso y quienes ayer se agarraron a piñazos en la Plaza Central, sean realmente exsoldados que participaron en la guerra. De hecho, la apariencia de muchos de ellos es una prueba que salta a la vista de la falsedad de su reclamo porque, habiéndose firmado la paz hace 26 años, no debería haber en esas manifestaciones nadie menor de 44 años, tomando en cuenta que aunque en los últimos años no haya habido realmente combates, por lo menos tenían que tener 18 años cuando acabó el conflicto.
Ya sabemos que las ofertas de compensación han sido moneda de cambio electorero y por eso Giammattei ofreció resarcir a los exsoldados y ayer los diputados aprobaron finalmente un resarcimiento cuyo costo final, a pagar por todos los guatemaltecos, asciende a casi cuatro mil millones de quetzales.
Si con los bonos y subsidios implementados en tiempos de Sandra Torres hicieron micos y pericos, ya nos podemos imaginar lo que vendrá con esta millonaria compensación. Desde la elaboración de los listados hasta la entrega del dinero se verán muertos acarreando basura, porque así es como funciona nuestro sistema y la corrupción se llevará una buena tajada en esta nueva arca abierta por esos 99 diputados irresponsables, quienes decidieron atender la petición de los supuestos exsoldados, aunque sea de una forma y por un monto para ellos inaceptable, lo cual no significa que no sirva para engordar misteriosas billeteras o maletas.
Pero es importante señalar la importancia de la participación y de las demostraciones de fuerza. Los maestros y sindicalistas de salud logran lo que se les da la gana por su disposición permanente a participar y ejercer presión, lo mismo que ayer lograron esos supuestos exsoldados, quienes no solo manifestaron su fuerza con bloqueos y manifestaciones, sino también mediante el uso brutal de la fuerza, tanto para quemar las instalaciones del Congreso como para liarse a golpes en plena Plaza Central, demostrando su calaña.
No puedo dejar de mencionar el doble rasero de las autoridades y especialmente del Ministerio Público. Contra aquellos manifestantes que se expresaron contra el Presupuesto y quienes fueron detenidos a piñazos durante la represión ejercida para disolver la manifestación, el MP inició y mantiene casos penales por daños al patrimonio y perturbación del orden público, igual como pasó contra estudiantes molestos por el trinquete en la elección del Rector. Pero con los exsoldados que le pegaron fuego al Congreso se usa guante blanco y los organizadores de la protesta culminada con la comisión de ese flagrante delito, nunca fueron ni siquiera citados para tomarles una declaración, no digamos empezarles el proceso penal correspondiente.
¿Será que el ciudadano harto de la situación y que entiende el daño de la corrupción a un país cuyo hundimiento se produce a ojos vistos tiene que recurrir al vandalismo y la violencia para ser tomado en cuenta? Porque el Congreso fue rápido y diligente para dar dinero a los exsoldados, como lo ha sido para presupuestar los fondos para los oscuros pactos colectivos, pero otras peticiones ciudadanas son burdamente ignoradas.
