La pieza clave del sistema político de Guatemala ha sido, desde 1985, el financiamiento electoral mediante el cual se compra a los candidatos con probabilidades para tenerlos entre la bolsa antes de que lleguen al poder y mantenerlos así a lo largo del período. De hecho, los aportes, supuestamente para campaña, se convirtieron en la herramienta para garantizar el más absoluto control sobre todo el país y de esa cuenta se creó un “modelo democrático” en el que el pueblo se fue acostumbrando a vender su voto, conformándose con elegir a quien le pintaban como el “menos peor” de los que figuraban en las papeletas.
Tan fue determinante el financiamiento electoral que cuando la odiosa CICIG se metió con el tema firmó su propia sentencia de muerte, porque mientras su trabajo contra la corrupción se dirigió contra los políticos que, mal que bien son vistos como parte de la chusma, los financistas hasta participaron en las manifestaciones del 2015. Pero cuando a Iván Velásquez se le ocurrió presentar un caso que destapó el papel que juegan poderosos miembros de la élite, se acabó el reconocimiento al esfuerzo y la lucha contra la corrupción pasó a ser parte de una conspiración izquierdista para afectar a prestigiosos conservadores.
Todo iba viento en popa y hasta se quitó del régimen legal la figura delictiva del financiamiento electoral no registrado o ilícito. Al fin y al cabo era algo que perjudicaba a todos los que participaban en la jugada y no fue difícil volver a las andadas o, por lo menos, intentarlo.
Pero el primer signo de que las cosas no eran ya como antes estuvo en que quienes tienen el control absoluto del sistema de justicia no permitieron que se cerrara el caso penal contra esos financistas y el mismo sigue abierto, como espada de Damocles, por aquello de que haga falta. Sin embargo, eso no es nada, porque la realidad es que han hueveado tanto que ya ni falta les hace el financiamiento de los que se sienten todavía dueños del país, pero el surgimiento de un Jefe de Jefes que les da instrucciones les está planteando una cruda realidad que no esperaban.
El tema es que disponiendo de los miles de millones que se han agarrado de los recursos públicos, ¿quién jodidos necesita el pisto de esos financistas que, además, se creen con el poder y la autoridad de girar órdenes a los que se embolsan los aportes dizque para campaña? En las condiciones actuales, si algo no le falta al oficialismo para hacer su propia campaña es dinero porque disponen de él a manos llenas, lo que significa que el omnímodo poder que durante años se mantuvo por la importancia del financiamiento electoral se ha acabado, al menos en lo que al partido oficial se refiere.
Y nunca en la historia un partido oficial había tenido tanto dinero ni tanto control de todas las instituciones, lo que permite hacer, literalmente hablando, micos y pericos en todo sentido. Hasta se dan el lujo de poner a marchar disciplinadamente a los que hasta hace poco pensaban ser los meros jefes de jefes y que ahora tienen que cuadrarse ante uno que, de la nada, les estalló en la cara.
