En Estados Unidos se repitió este fin de semana una escena que se ha vuelto común e indigna a los ciudadanos. En una localidad de Arkansas, unos agentes de policía realizaron un brutal arresto de un ser humano y el hecho fue filmado y difundido en las redes sociales, dejando constancia de la forma salvaje en que se procedió en contra de una persona. Al margen del delito que haya cometido o de la raza de la víctima, los norteamericanos están cansados de ver ese comportamiento abusivo y arrogante de las fuerzas del orden que, en reiterados casos, evidencia la falta de respeto a elementales derechos humanos.
Es cierto que el concepto de derechos humanos es mal visto en algunos países, entre ellos Guatemala, y que se considera un término relacionado con posiciones ideológicas, como si no fueran todos los seres del mundo los que tienen iguales derechos y garantías para llevar una vida digna. Pero el colmo es la iniciativa que se discute en el Congreso y que no solo tolera sino que alienta el uso y abuso de la fuerza, al punto de que quienes incurran en esos abusos no solo no irán a la cárcel sino deberán ser legalmente defendidos y representados por abogados que pague la PNC, la SAAS, el Ejército o la dirección de Presidios.
Si con leyes y precedentes que son absolutamente claros, como ocurre en Estados Unidos, los abusos policiales y de las fuerzas de seguridad se siguen cometiendo tranquilamente, cuánto más se podrá y deberá esperar en nuestro país donde el ciudadano no tiene medios de defensa ni puede esperar un juicio justo porque aquí la justicia está totalmente cooptada.
Los que hoy aplauden esa iniciativa de ley, pensando que la carta blanca solo se aplicará para reprimir a los manifestantes, deben entender que ellos o sus parientes pueden ser víctimas de la brutalidad policial que se está consagrando como legal en nuestro medio y que no habrá forma de defenderse en el momento en que se produzca un atropello porque, tristemente, todo eso será absolutamente legal. Y quien esté seguro de que ningún agente de la Policía Nacional Civil hará uso de la fuerza si no se le paga mordida, que levante la mano y nos muestre cuán idiota se puede llegar a ser.
En otros países la fuerza pública la integran profesionales que han sido debidamente preparados y entrenados para el desempeño de sus funciones y no gente que apenas pasa por una dizque academia para cumplir un requisito. Si así, con agentes más capacitados, aún se dan abusos y violencia insensata, cuánto más se debe esperar en un país en donde no disponemos de esas condiciones pero, además, el agente está viendo que vive en un reino de corrupción y muchas veces tiene la obligación de pedir mordida porque tiene que entregarle “algo” a sus jefes.
Y si usted se niega a pagarla, con esa nueva ley que se está cocinando le están abriendo las puertas a los mayores abusos que puedan imaginarse.
