Dado el control absoluto que las mafias tienen de todo el aparato del Estado y que les garantiza la máxima impunidad imaginable, la libre expresión del pensamiento se convierte en la única piedra en el zapato de los ladrones y por ello es que se hace cualquier esfuerzo por imponer el silencio, inventando maneras para penalizar el ejercicio legítimo del derecho que todos tenemos a expresar nuestras ideas de la forma en que lo queramos hacer.
Por ello la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia fue manoseada para incluir penalizaciones que limitan seriamente el derecho a la libre información, mismas que serán aplicadas únicamente a quienes se pronuncien sobre el comportamiento de los funcionarios sin que se haga absolutamente nada para sancionar a los que se esconden en el anonimato para soltar cuantas babosadas se les ocurran en contra de particulares.
Nuestra legislación constitucional es categórica en el sentido de que “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”, según el articulado de la Carta Magna, mientras que la Ley de Emisión del Pensamiento específicamente señala que “no constituyen delito de calumnia o injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos” y ambas normas tienen rango constitucional, lo que debiera obligar al gobernante a vetar la ley por transgredir elementos que garantizan el ejercicio del derecho a la libre expresión.
Por supuesto que en un ordenamiento legal respetable esa ley, tal y como fue aprobada, no tendría ningún futuro porque si no fuera vetada podría ser impugnada por inconstitucional ante la Corte respectiva. Pero como si algo se ha despedazado en el país es el Estado de Derecho, el gobernante no la vetará porque fue aprobada por su propia aplanadora oficial, ni la CC la dejará sin efecto porque sucede que esa Corte encargada del control último de la legalidad en el país, también fue cooptada y está al servicio de las mafias.
Y ya sabemos que a la hora de que se tenga que perseguir un delito cibernético, el Ministerio Público hará valer su postura oficial de drasticidad y plena energía contra los ciudadanos no afines a las mafias, mientras que aquellos que abusan de las redes sociales operando como netcenteros anónimos podrán actuar como les venga en gana porque para ellos sí que abundará el Consuelo.
El interés manifiesto es de acallar a cualquiera que sea crítico del gobierno y de sus aliados que se dedican concentradamente en el saqueo de los fondos públicos y la acumulación de privilegios. Todo lo que permita imponer censura será no solo refrendado por el gobernante, quien es el más interesado en esa mordaza, sino que avalado por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que son fieles sirvientes de esa alianza perversa que tiene el control absoluto del país y que fue la que les terminó eligiendo para que sean el último y final parapeto de la impunidad para los largos y del severo castigo para quienes les critiquen.
