Es un hecho que la maquinaria está funcionando con esa perfección que antaño se atribuía a los relojes suizos y que no se mueve una hoja del árbol sin que así lo decida el jefe y, sobre todo, el jefe de jefes. Las elecciones del año entrante están diseñadas para ser una fantochada y ese control que se tiene de todas las instituciones será crucial, pero sobre todo el que ejercen sobre el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad, porque ello determinará la capacidad hasta para decidir cuáles candidaturas se inscriben y las que quedarán marginadas, de acuerdo a precedentes ya vistos por la ciudadanía.
Y el aberrante principio de la campaña anticipada, que es una mordaza que se le impone a los políticos con aspiraciones, que tienen que comportarse como los tres monos sabios, será clave en ese proceso de “depuración” que implementarán sin duda a partir de la convocatoria a elecciones. Ya se sabe que varios aspirantes han sido amonestados en lo que es un preludio de lo que les espera. Al menos Zury Ríos, Roberto Arzú, Edmond Mulet, Neto Bran y ahora Thelma Cabrera recibieron llamadas de atención del flamante Tribunal Supremo Electoral por considerar que están yéndose de boca, aunque sea simplemente retuiteando algún mensaje, como fue el caso de la última de los nombrados.
Mientras tanto, el más burdo acto de campaña anticipada que realizó Miguel Martínez con todo descaro hace algunos días sin que las autoridades muevan un dedo ni, mucho menos, emitan alguna resolución al respecto porque, al fin de cuentas, se trata del mero jefe, de quien tiene la sartén por el mango y dispone de los recursos para tener alienado a medio mundo.
Los políticos debieran estar en contacto permanente con la población no solo para expresarles sus planes, sino para conocer las necesidades de la gente, pero nuestra ley limita ese tipo de acercamiento y contacto a los seis meses previos a la elección, lo que significa que todos, pero especialmente las figuras nuevas, estén en un limbo que les inhabilita para interactuar con nadie. Quien abra la boca se verá perseguido y con el riesgo de que no pueda ser incluido en ninguna papeleta.
La norma es aberrante, pero lo peor de todo es la forma en que el Tribunal Supremo Electoral la aplica, puesto que si fuera equitativo y se sancionara de la misma manera a todos, al menos tendríamos la idea de que la ley es pareja y que no ofrece ventajas a nadie. Pero los alcaldes en funciones, por ejemplo, pueden ir y venir en sus jurisdicciones haciendo todos los días actos de campaña política y nadie les veda ese derecho, lo mismo que pasa con diputados que usan el hemiciclo como tarima de mitin de campaña para promoverse ante sus potenciales electores. No digamos con el jefe de jefes y sus aliados, quienes tienen carta blanca para hacer lo que les da la gana.
Es evidente que quieren callar a todos, desde los políticos hasta los periodistas molestos, esos que no se tragan patrañas como la del atentado y denuncian la corrupción. Repito que la maquinaria funciona a la perfección.
