El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala fue sin duda la institución surgida en la llamada apertura democrática, que arrancó formalmente en 1985, que por más tiempo gozó de prestigio por la actitud que tuvieron sus autoridades principales, especialmente los magistrados, sin someterse a los variables y muy poderosos intereses políticos que se mueven en distintas direcciones. Desde su creación, aún antes de la vigencia de la actual Constitución y de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, se caracterizó por la eficiencia y, sobre todo, por la absoluta imparcialidad que hizo que la población tuviera confianza en los resultados electorales después de tantos años de fraudes escandalosos.
Pero es evidente que todo ese prestigio empezó a diluirse ya con la anterior conformación del TSE porque todo el tema de las famosas comisiones paralelas en las postuladoras hizo estragos desde ese momento, no digamos con lo que ocurrió después a la hora de integrar al actual Tribunal que, sin pudor ni vergüenza, establece a su sabor y antojo nuevos raseros que evidentemente tienen la finalidad de arropar a los que son protegidos de ese poderoso acuerdo nacional que hay a favor de la corrupción y la impunidad y margina a quienes no están totalmente alineados con ese objetivo que se ha convertido en la esencia misma para que quienes han secuestrado al sistema puedan subsistir y sigan haciendo de las suyas, tanto desde el desempeño de funciones públicas como desde la práctica de alguno de los llamados poderes fácticos que operan en Guatemala.
Quien ahora tenga confianza en la integración actual del Tribunal Supremo Electoral y en sus decisiones, sin duda que tiene que andar mal de la cabeza porque no hay forma de justificar las acciones que ya se han dado y, sobre todo, las que se vendrán a la hora en que deban irse inscribiendo las distintas candidaturas que amenacen lo que algunos llaman la alianza oficialista y otros simple y llanamente el Pacto de Corruptos.
Era imposible preservar la independencia del Tribunal Supremo Electoral cuando la clave de la cooptación del Estado está en lo que ocurre aún antes de que se celebren las elecciones y la supervisión que se debió ejercer para impedir el financiamiento ilícito no llegó a producirse porque, como diría Cantinflas, allí está el detalle. Efectivamente, todo gira alrededor de la forma en que se compra a los candidatos a los puestos de elección popular y, por lo tanto, la indiferencia y hasta complacencia del TSE es clave. Sobre todo luego de que dentro de las actividades de la Comisión internacional Contra la Impunidad en Guatemala se puso en el tapete el papel de ciertos personajes en el financiamiento electoral ilícito, tema tan grave y profundo que fue el que determinó el inicio de todo el magno esfuerzo para desmontar no sólo a la CICIG sino todo lo que tuviera que ver con la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Viendo la forma en que protegen a partidos que por ley debieron ser cancelados y a candidatos que hacen ostentosa campaña todo el tiempo, por supuesto que ya se puede perfilar claramente el futuro.
