La confidencialidad o el secreto se han convertido en la excusa perfecta para encubrir cualquier negocio que pueda generar dudas entre la ciudadanía. Y hablo de la ciudadanía porque los entes encargados de la fiscalización son parte de la jugada y por lo tanto se hacen de la vista gorda por naturaleza, pero desde las vacunas rusas hasta el hediondo negocio del ferrocarril, todo se oculta argumentando que los contratos fueron suscritos bajo garantía de confidencialidad, retorciendo la parte final del artículo 30 de la Constitución Política que exceptúa de la publicidad de los actos administrativos aquellos datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia, así como los asuntos militares y diplomáticos de seguridad nacional.
El caso ahora más cercano es el del negocio del ferrocarril en el que, además, están metiendo el hecho de que el contrato fue suscrito por la empresa mexicana con una “sociedad anónima” guatemalteca. Pero resulta que esa sociedad anónima pertenece en un 80 por ciento al Estado de Guatemala y eso obliga a que, aunque haya socios particulares, todos los actos deban ser públicos porque se trata de bienes de todos los guatemaltecos en cuya enajenación se tienen que cumplir todos los elementos que señala la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.
El movimiento que hicieron en tiempo de Arzú para privatizar bienes del Estado fue trasladarlos a sociedades anónimas para evadir precisamente las normativas constitucionales y legales en cuanto a la enajenación de bienes públicos. Se hizo con la telefonía, los ferrocarriles y hasta el ya inexistente correo, entregándolo a paniaguados del gobierno que luego los enajenaron a su sabor y antojo. Ahora es el turno del ferrocarril y la empresa mexicana con la que se firmó el contrato no tiene cómo ni por qué plantear que sus datos fueron proporcionados con garantía de confidencia, cuando lo que se está encubriendo en una enajenación de bienes públicos y el riesgo de que, en caso de que algo se interponga en el camino, como el uso del derecho de vía, puedan ejercitar acciones legales en contra del Estado de Guatemala que tendremos que pagar todos los ciudadanos y no solamente Giammattei, los socios de ferrovías y su centro de gobierno, es decir, el centro de todo el gobierno.
En ningún país del mundo se podría justificar una operación como esa amparada en el secreto. En el caso de las vacunas se puede decir que los fabricantes tienen derecho a reservarse temas como las patentes que protegen su propiedad sobre los desarrollos médicos, pero jamás se puede alegar reserva en cuanto a otros aspectos de la negociación.
Pero como les funcionó con los rusos hablar de confidencialidad, qué mejor que usar el mismo argumento para uno de los más escandalosos negocios de esta administración, como es el del llamado Ferrocarril Bicentenario que se venía trabajando desde la misma campaña de Giammattei y que ahora han concretado de manera oscura y totalmente inaceptable.
