No es casual que tras el desmantelamiento de la cúpula policial que se dio en la administración de Jimmy Morales y se perpetuó en la de Giammattei, el incremento en la violencia sea un tema de preocupación en Guatemala porque todos aquellos mandos policiales que fueron parte de un serio esfuerzo de profesionalización que habían empezado a dar resultados fueron desmantelados para colocar a personas que se acomodaran a las nuevas políticas, especialmente en el tema del crimen organizado, que interesaban tanto a los nuevos gobernantes como a quienes han dirigido el Ministerio de Gobernación.
El gobierno de Otto Pérez Molina puede considerarse como un gobierno corrupto y sumamente dañino para los intereses del país pero estadísticamente se puede demostrar que durante su gestión se empezó a gestar la disminución de la violencia debido a una acción diferente de la policía y que la población empezó a tener confianza en sus autoridades que ya no se dedicaban únicamente a establecer lugares supuestamente de control que eran realmente para sacar mordidas.
Buena parte de ese mérito corresponde al militar Mauricio López Bonilla, hoy sindicado en varios casos de corrupción, pero quien tuvo el tino de ir estructurando un mando policial que mostró no sólo profesionalismo sino una mística especial de lo que nunca había sido el papel de nuestra fuerza policial. No es por gusto que cuando Enrique Degenhart dispuso el abrupto retiro de esos mandos la sociedad, sin distintos ideológicos, empezara a hablar del desmantelamiento de la eficiente cúpula que estaba conduciendo a la PNC por senderos diferentes y mucho más orientados a realmente salvaguardar la seguridad ciudadana que se ve tan afectada por temas como el de la violencia común o la que ejercen grupos que van desde las pandillas hasta otras formas de crimen organizado.
Ahora llega otro militar al ministerio de Gobernación y está por verse si tiene la visión que tuvo López Bonilla en la profesionalización de la PNC, encargando los altos mandos a oficiales que han recibido especializaciones pero, sobre todo, que asumen un compromiso para romper con las viejas mañas que ahora se han vuelto a poner de moda y que se manifiestan no sólo en la incapacidad policial sino, sobre todo, en el florecimiento de la corrupción que hace que el ciudadano lejos de sentir consuelo cuando ve una patrulla, sienta ya temor y aflicción de que si lo detienen será para pedirle pisto.
Napoleón Barrientos escribió varios años en La Hora y los temas de seguridad ciudadana fueron parte de su agenda. Pero asume el cargo de Ministro bajo las órdenes de un gobernante que, por lo que ha demostrado, no entiende la seguridad ciudadana más que desde el punto de vista de la represión. Barrientos es un ferviente defensor de los Estados de Excepción, cosa que en una sociedad realmente democrática resulta una incoherencia porque el Estado de Derecho debe ser suficientemente claro y fuerte como para que, sin suprimir derechos, se puedan resolver conflictos. Pero ante el incremento de la violencia en los últimos años, en un marcado retroceso tras el avance que habíamos tenido, ahora tiene la oportunidad de rescatar el profesionalismo y con ello el prestigio de una fuerza policial que debe ser siempre un apoyo de la población honrada y a la que no se vea como extorsionistas.
