A Álvaro Arzú le aconsejaron que la privatización sería más fácil si convertía las empresas estatales en sociedades anónimas con participación del Estado y algunos socios particulares, tal y como pasó con la telefónica y luego se hizo con los correos y los ferrocarriles. Hoy el Estado es dueño del 80 por ciento de los activos y derechos de Ferrovías de Guatemala pero debido a que se trata de una sociedad mercantil, sus acciones se rigen por el derecho privado y no por el derecho público y de esa cuenta se saltan las trancas en temas como las dichosas concesiones. Es obvio que se trató de una güizachada que le aconsejaron al entonces presidente con el único y descarado propósito de evitar que la privatización llegara al Congreso donde serían muchos los que pedirían su buena tajada. De dicha manera se eliminaba ese obstáculo para que los negocios discurrieran con la necesaria fluidez.
Esa es la razón por la que resulta sumamente difícil auditar el negocio de la concesión que se quiere hacer con el ferrocarril porque técnicamente se trata de un asunto privado, aunque la mayoría de las acciones aún sean propiedad de todos los guatemaltecos que, en teoría, son entonces representados por el Procurador General de la Nación. Y por ello es que la solicitud que ha hecho el Procurador de los Derechos Humanos para asistir a la Asamblea General de la sociedad en la que se quiere concretar el negocio, ha sido rechazada sin entrar siquiera a considerarla, puesto que “legalmente” no tiene vela en un entierro que es entre entes privados.
Nos quejamos mucho de la forma en que la corrupción ha ido avanzando en el país pero tenemos que entender que la misma es producto de un denodado esfuerzo, bien librado, para crear todas las condiciones necesarias para que se puedan embolsar el dinero de los guatemaltecos y en aquel gobierno de Arzú se avanzó muchísimo en el diseño de las estructuras que permiten estas jugarretas que ahora son moneda corriente. La supuesta “privatización” fue en el fondo un saqueo aplaudido por poderosos sectores que vieron en el despojo una “modernización” del Estado guatemalteco, ese mismo que ahora vemos colapsado y sin posibilidades reales de ser rescatado para que vuelva a trabajar por sus fines esenciales.
Todo el complejo entramado de la justicia cooptada va de la mano con la cooptación del Estado que deviene del famoso financiamiento electoral ilícito que coloca a los inversionistas que pagan las campañas como los amos del país y quienes tienen pleno derecho a reclamar los beneficios. Es en ese entramado que se va a producir ahora la concesión del Ferrocarril Bicentenario, regalo que se hará a inversionistas mexicanos que no tienen nada que perder y en cambio sí tienen mucho que ganar luego de haber pagado, como debe ser, el derecho de piso que es esencial para cualquier trato con las autoridades de nuestro país.
Si el Estado es el mayor accionista de Ferrovías no es el Procurador General de la Nación quien decide sino se debe tomar en cuenta el sentir de la gente y, por lo menos, debe procederse con transparencia y rendición de cuentas.
