Todos sabemos que se ha estructurado todo un régimen de impunidad y suponemos que el mismo sirve para proteger a los corruptos únicamente pero no nos damos cuenta cómo ese sistema, que implica la ausencia de una real justicia, se proyecta en la vida diaria al estimular comportamientos ilegales que proliferan bajo la certeza de que no hay castigo, salvo que se trate de alguien que sea molesto para quienes tienen el control de todo el modelo. Hoy publicamos la nota relacionada con la muerte de cuatro personas, entre ellas la joven Mónica Lourdes Pirique Vásquez, próxima a graduarse de abogada, quienes según el relato de testigos viajaban en un automóvil y fueron embestidos por un bus extraurbano que rebasaba en curva.
Cualquiera que circule por nuestras carreteras sabe lo riesgoso que resulta hacerlo porque impera el abuso y la prepotencia de conductores que no respetan elementales normas de tránsito y arremeten contra cualquiera sin la menor consideración. La cantidad de muertes por percances viales es enorme y aparentemente a las autoridades no les preocupa gran cosa el asunto a juzgar por la ausencia de mecanismos de control que, cuando se colocan, sirven más para recolectar mordidas que para proteger a la población de esos criminales al volante que ya saben que lo mejor que pueden hacer tras un accidente es escapar del lugar, sabiendo que ni el dueño del transporte los va a denunciar ni nadie les va a perseguir y al día siguiente ya estarán de nuevo al volante de otro transporte para seguir cometiendo fechorías.
En el percance del pasado domingo en la ruta de Siquinalá a Escuintla el piloto no pudo escapar, pero de todos modos logró que se le impusiera un arresto domiciliario y una caución económica de cinco mil quetzales, más la obligación de firmar el libro correspondiente cada quince días. En este caso, como cosa realmente extraña, el bus estaba asegurado lo cual garantiza alguna compensación económica para los familiares de los cuatro muertos, lo cual desde luego no repone la pérdida, pero significa mucho más de lo que toca sufrir a los que son víctimas de la irresponsabilidad de conductores de unidades que ni siquiera cuentan con seguro para cubrir los daños a terceros.
En redes sociales que publicaron varios videos tomados por pasajeros del transporte extraurbano en los que se ve cómo los pilotos se bajan rápidamente para entregar dinero a los agentes de la autoridad, sean éstos de la Policía Nacional Civil, de las policías municipales de tránsito o de Provial, cosa que no sorprende porque ya sabemos que así es como opera nuestro sistema. Pero si se hace un estudio de cuántos de los causantes de muertes en el tráfico urbano y extraurbano terminan en la cárcel se verá que es una ínfima cantidad comparada con la de muertes que se dan anualmente en ese tipo de percances.
Y es que hay una cadena que alienta la impunidad y va desde las autoridades que se hacen presentes en la escena del crimen (porque esos no son accidentes sino acciones criminales), pasa por los encargados de la persecución penal que se hacen de la vista gorda y termina con los juzgadores que a lo más que llegan es a dictar un arresto domiciliar sin siquiera establecer qué ocurrió y cómo se dieron los hechos.
Si a eso sumamos la cantidad de pilotos que escapan del lugar del crimen, veremos que la impunidad que toleramos nos pone en constante peligro y nos puede resultar demasiado cara.
