La resolución de la Corte Suprema de Justicia al retirar la inmunidad al diputado Aldo Dávila por una denuncia en su contra formulada por un agente de la Policía Nacional Civil que afirma haber sido agredido por el miembro del Congreso es una clarísima muestra de que todo aquel que tenga la menor diferencia con el oficialismo tiene que andar con pies de plomo porque cualquier cosa será utilizada para aplicarle con toda severidad la ley. Ya veremos, si es que el Ministerio Público solicita retirar el antejuicio a los diputados embarrados en el negocio del Insivumeh, si nuestra Corte Suprema se comporta de la misma manera y también despoja de inmunidad a quienes hicieron micos y pericos aprovechando el control de una institución que había sido eminentemente técnica, pero que pasó a ser otra más dentro de la ola de podredumbre como resultado de los arreglos “políticos” que se hacen en el país.
“Para mis amigos todo; para mis enemigos la ley” es la famosa frase mexicana que explica exactamente cómo se está comportando el poder el Guatemala. Ya vimos que aquí hasta las más serias investigaciones se frenan si resultan llevándose de corbata a alguno de los allegados al poder, pero un intercambio de palabras y si acaso de empujones entre un diputado y un policía termina siendo un verdadero escándalo y razón suficiente para que se le arme proceso penal al miembro del Congreso. No hay consenso sobre quién fue el político mexicano que primero usó esa expresión y algunos dicen que pudo ser Benito Juárez, pero lo cierto es que a lo largo de la prolongada dictadura del PRI ese mecanismo funcionó con la precisión de un reloj suizo, tal y como ahora está sucediendo en Guatemala bajo está nueva modalidad de dictadura ejercida por el conjunto de sectores que se aprovechan de la corrupción.
Uso el ejemplo del escándalo del Insivumeh porque es el más reciente pero de ninguna manera es el único caso que se puede encontrar para marcar ese doble rasero que hay tanto en el Ministerio Público como en los tribunales cooptados, que empiezan por la misma Corte Suprema de Justicia, en donde todo se pasa por alto cuando se trata de alguna acción delictiva de alguno de los que son parte de la jugada mientras que la severidad en la interpretación y aplicación de la ley llega a su máximo cuando el señalado ha tenido la ocurrencia de hablar en contra de la corrupción.
Siempre he dicho que todos somos responsables de nuestros actos y que tenemos que dar la cara cuando incurrimos en cualquier ilegalidad sin pretender ningún trato preferente. Pero eso implica que debe haber, por fuerza, igualdad absoluta ante la ley y no esa forma selectiva en la que se activan casos para fregar a opositores o críticos, y como luego se desactivan cuando se produce un sucio acuerdo y el señalado depone su función crítica para aplaudir a los corruptos facilitando que por su medio se expresen las más asquerosas y lambisconas “opiniones”.
