La inventiva de la corrupción es inagotable y siempre se les están ocurriendo nuevas formas para concretar el saqueo de los fondos públicos, pero el colmo es la utilización de un banco estatal, el Crédito Hipotecario Nacional, para repartir generosamente entre cuates dos mil trescientos millones de quetzales, supuestamente destinados a financiar capital del trabajo para hacerle frente a los problemas de la pandemia, y luego esgrimir el argumento del secreto bancario para no dar ningún detalle de cómo se usaron esos millones que no salieron de los fondos propios del Banco ni del dinero de los depositantes, sino que fueron colocados, billete sobre billete, por el Estado en cumplimiento de un decreto que creó el fondo y asignó los recursos provenientes del erario.
Y la Constitución establece en forma clarísima que todo centavo que erogue el Estado está sujeto a la fiscalización que incluye el control “de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas”, lo que significa que no se puede alegar secreto bancario porque quienes recibieron esos fondos públicos están sujetos a fiscalización. La misma Carta Magna obliga a fiscalizar a cualquiera que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos, como es el caso del Crédito Hipotecario Nacional en cuanto al fondo para capital de trabajo durante la pandemia.
Pero la jugada es maestra, porque ya sabemos que la Contraloría de Cuentas no pedirá informes y aceptará que se invoque el secreto bancario, mientras que el Ministerio Público no indagará quiénes recibieron esos millones. Estamos hablando de 2,300 millones de quetzales que no son cualquier cosa y que a estas alturas no sabemos si están totalmente perdidos, si sirvieron para evitar un colapso económico durante la pandemia o si simplemente fueron un regalo que se dio a ciertos personajes escogidos a dedo. No se sabe si hay individuos políticamente expuestos entre los beneficiados ni si hay empresas constituidas por funcionarios públicos que sabiendo cómo se mueve la melcocha y el enorme rango de impunidad que ahora existe, tramitaron préstamos usando personas jurídicas para diluir su responsabilidad y/o exposición.
El secreto bancario tiene que ser sagrado y respetado en operaciones que se hacen con fondos del sistema bancario y con criterio de intermediación financiera proveniente de esos recursos propios. Pero cuando el Congreso decide crear un fondo para determinado objetivo y el gobierno dispone utilizar un banco estatal para manejarlo, tiene que haber rendición de cuentas.
Claro está que ya saben que cualquier solicitud de acceso a información es inútil porque aún en un Amparo ante la Corte de Constitucionalidad ya sabemos que se privilegia la impunidad y no el imperio de la ley, por lo que el secreto de quienes recibieron esos fondos y si han pagado o no el “préstamo” es algo que dormirá el sueño de los justos porque no hay poder ni autoridad que vele por la transparencia y se oponga al saqueo. Al contrario, todo está arreglado perfectamente para que el robo de millones quede impune en esta Guatemala, tan creativa para inventar fórmulas de saqueo.
