En los últimos días hemos ido presenciando sonoros portazos que se dan para cerrar abundantes casos judiciales por temas relacionados con la corrupción y que ya no salen sólo de aquella Sala de Apelaciones conocida como Sala de los Milagros por la forma en que se retuercen argumentos para exonerar a los sindicados, sino de la más alta instancia en donde se anulan pruebas y se dejan sin efecto acusaciones. Y es que el objetivo real de los esfuerzos para la cooptación total de la justicia es no sólo asegurar que nunca se vuelvan a repetir esos sobresaltos que significaron los casos develados durante la lucha contra la corrupción, sino que, además, los que estuvieron implicados puedan ir saliendo bien librados poco a poco y por ello tanto retraso en los procesos porque había que esperar a que se dispusiera de condiciones “idóneas” para la sentencia final.
Y para mucha gente lo que está pasando no tiene gran significado porque la terminología jurídica les resulta ajena y poco comprensible, además de que hemos llegado a un punto en el que nada sorprende y la población optó mejor por resignarse a que estamos en un barco sin rumbo, en un callejón sin salida por lo que es mejor ocuparnos cada quien de nuestra propia sobrevivencia sin andar sudando lo que se considera como “calenturas ajenas”. Poco importa, o no se repara en ello, que este descalabro de la legalidad nos va a pasar factura a todos tarde o temprano porque cuando tengamos un derecho que reclamar o proteger, no tendemos a quien recurrir en busca del espaldarazo que tendría que dar el Estado de Derecho.
Cuando la justicia se coloca en venta siempre van a surgir avorazados que tienen el poder y los recursos para aprovecharse de tales condiciones y llegará un momento en que hasta los que han sido parte de esta jugada perversa y se sienten hoy muy cómodos con lo que han ido haciendo, porque les exonera, terminarán siendo víctimas del caos inevitable cuando se rompe el marco de la ley para que la justicia sirva a intereses creados.
Históricamente hemos sido un país en el que ha sido regla no escrita, pero absolutamente respetada la existencia de una inmunidad nata para quienes tienen poder, sea éste el político que es temporal o el económico que es más permanente. Así fue desde nuestra independencia y por ello el enorme sobresalto del 2015 cuando se dio el extraordinario caso de ir tras los poderosos, contra aquellos que siempre fueron protegidos, no importa lo que hicieran. Primero cayeron los políticos y hasta los económicamente poderosos expresaron su condena a la corrupción y pidieron cárcel para los corruptos, pero cuando resultó que también ellos aparecían en el escenario, porque la corrupción requiere alguien que cobre y otro que pague la mordida, vino el llanto y el crujir de dientes.
Allí surge la polarización ideológica y el Pacto de Corruptos, cuya diligencia no se puede cuestionar porque, como estamos viendo, empiezan a darse esos sonoros portazos que van cerrando, uno a uno, los casos de corrupción.
Entender esa realidad nos debe hacer reaccionar para buscar acuerdos que salven al país de la anarquía de una justicia vestida de proxeneta.
