Creo que el Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, hizo un extraordinario trabajo para iniciar la lucha contra la corrupción en Guatemala atacando la impunidad que era la coraza de los corruptos y que al destapar el caso La Línea empezó a desnudar la podredumbre de nuestro sistema y que su esfuerzo rindió grandes frutos, puesto que a las primeras capturas de ese caso de contrabando masivo siguieron muchas más, no sólo las del presidente Pérez Molina y su vicepresidenta Baldetti, sino también de muchos funcionarios y particulares, llegando a evidenciar la semilla que está en el sistema de financiamiento de los partidos políticos que se convierte en una mordida anticipada a los futuros gobernantes que, además, quedan condicionados para atender, sin chistar, las exigencias de quienes pagaron la campaña. Y lo mismo que vale para el crimen organizado se aplica para las más importantes e influyentes élites económicas del país.
Desde el principio de la CICIG apoyé el extraordinario esfuerzo que inició Carlos Castresana, mismo que luego tiró por la borda Francisco Dall’Anese. Creo que Iván Velásquez hizo historia realmente porque llegó a fondo y quizá eso le costó la expulsión porque cuando los casos iban sólo contra los funcionarios, aún contra el mismo Presidente y la Vice y de muchos políticos, la aprobación era unánime y a la Plaza acudían a exigir firmeza en la lucha contra la corrupción los más encopetados empresarios, esos que luego tuvieron que reconocer y pedir perdón, para rápidamente desdecirse, por haber financiado campañas políticas para tener entre la bolsa a diputados, alcaldes y presidentes.
Hubo un caso, sin embargo, en el que tuvimos desencuentro. Fue el de la Terminal de Contenedores Quetzal, producto del soborno de Pérez Maura a Pérez Molina y comprada por APM Terminals. El Comisionado me habló de lo importante que era esa terminal para la economía del país y que debía nombrarse un interventor para que siguiera funcionando en tanto se dilucidaba el problema legal. Desde el principio le dije que no creía que se pudiera legitimar un negocio tan sucio y que APM no podía alegar desconocimiento porque si hicieron su “Due Diligence” tenían que saber que desde antes de que se concretara el negocio se denunció en Guatemala la corrupción.
Siempre pensé que, como se dijo en el editorial del sábado, TCQ era como un carro robado y que quien decía poseer de buena fe no tenía realmente ningún derecho porque la corrupción no genera derechos y el Estado debía resarcirse. En La Hora nos visitó Susanne Marston y le hicimos ver precisamente ese argumento, razón por la cual luego ofrecieron resarcir al Estado por algo sí como 42 millones de dólares (cosa que no cumplieron) pese a que inicialmente había dicho que ellos eran compradores de buena fe y no tenían nada que asumir de lo que hubiera hecho Pérez Maura.
Y todo eso lo escribí oportunamente, lo que por supuesto enfrió mi relación con Iván Velásquez porque, a mi juicio, estaba asumiendo un papel que no correspondía al ser quien promovió el nombramiento de un interventor que él mismo escogió y que veló por los intereses de APM.
Ahora que en España son públicos los correos electrónicos que demuestran la corrupta negociación, creo del caso decir que todo quedó como si nada.
