El estudio publicado ayer sobre los mecanismos que funcionan en distintos países para detectar, castigar y prevenir la corrupción, elaborado por la Sociedad de las Américas, el Consejo de las Américas, y la entidad denominada Control Risks, viene a confirmar que vamos como el cangrejo en ese sentido porque en cada uno de los tres informes que han realizado anualmente disminuye nuestra calificación debido a la forma en que se han desmontado todos los mecanismos de investigación relacionados con el saqueo que se hace de los fondos públicos. Sólo Venezuela y Bolivia están peor que Guatemala, en algo que sí debe preocuparnos porque significa el verdadero triunfo del Pacto de Corruptos al aniquilar el peso de instituciones como la Contraloría de Cuentas y el Ministerio Público, no digamos de la tal Comisión Presidencial Contra la Corrupción que ha resultado un enorme fiasco porque su titular, en quien se habían puesto muchas esperanzas, se acomodó fácilmente dejando a un lado su propio prestigio para prestarse a apañar todo lo que pasa.
Sin capacidad de detectar, castigar y prevenir la corrupción estamos asfaltando la supercarretera de la Dictadura de la Corrupción en el país que avanza a toda velocidad gracias al combustible que significa la indiferencia ciudadana ante el incremento de la podredumbre de nuestro sistema. Y para el año entrante, cuando ya estén juramentadas las cortes que pactó Gustavo Alejos en medio de lo que se ha denominado las Comisiones Paralelas, seguramente que superaremos a esos dos países y estaremos a la cola de todo, puesto que hasta ahora lo poco que funciona es gracias a unos pocos jueces independientes que cumplen su deber.
Por cierto, respecto a eso hay que decir que la denuncia del Juez Gálvez sobre autos sin placa de circulación que le dan seguimiento no debe sorprender a nadie luego de que el mismo ministro de Gobernación justificó la existencia de ese tipo de vehículos al decir que se utilizan normalmente por razones de seguridad. Eso significa que de manera descarada se acepta que hemos regresado a los peores años de la represión en Guatemala, cuando su uso fue generalizado para secuestrar y asesinar a tanta gente.
Luchar contra la corrupción en Guatemala es sumamente difícil no obstante el descaro con que actúan los corruptos, porque ellos saben que tienen todo a su favor gracias a la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y fiscalización que operen seriamente. La cooptación de la Contraloría y del Ministerio Público es pieza clave en ese esfuerzo pro impunidad que tantos frutos está dando y que ahora quieren coronar con la destrucción de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad que es el objetivo trazado y que avanza en una Corte de Constitucionalidad que llegó para lograr, definitivamente, acabar con todo vestigio de lo que llegó a ser una célebre lucha por depurar el ejercicio de la función pública y devolver al Estado su interés y preocupación por promover el bien común.
Duele ver estos retrocesos que son en realidad patéticos y descarados, porque confirman que estamos condenados a sufrir y pagar las consecuencias de la corrupción.
