Oscar Clemente Marroquín

ocmarroq@lahora.gt

28 de diciembre de 1949. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Periodista y columnista de opinión con más de cincuenta años de ejercicio habiéndome iniciado en La Hora Dominical. Enemigo por herencia de toda forma de dictadura y ahora comprometido para luchar contra la dictadura de la corrupción que empobrece y lastima a los guatemaltecos más necesitados, con el deseo de heredar un país distinto a mis 15 nietos.

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José Candelario Tres Patines era el personaje que encarnó por muchos años el comediante cubano Leopoldo Fernández e hizo célebre la frase de “La Tremenda Corte” que condenaba “a la reja” a los sindicados. Pero ni siquiera en el más fantástico de los procesos que ofreció Tres Patines en sus series de radio y televisión se vio algo como lo que ayer ocurrió en Guatemala cuando, al establecer la multa que deberá aplicarse al sindicado Jaime Aparicio, a quien se comprobó que había hecho millonarios sobornos para hacerse de contratos con el Estado, dispuso desestimar la solicitud del Ministerio Público, a través de la FECI, para que le aplicaran una multa de 8 millones de quetzales y en vez de eso lo condenaron a ¡¡¡Donar una ambulancia!!! al cuerpo de Bomberos Voluntarios.

En otras palabras, el costo para cualquiera que soborne a un ministro de Comunicaciones con ocho millones y medio, lo que le debe generar en utilidades al menos cuatro veces esa suma, tendrá como tremendo castigo el tener que hacer una donación de una pinche ambulancia. En este caso la Tremenda Corte es el Tribunal de Mayor Riesgo “D” que ya antes había dispuesto que por el delito de hacerse con millonarios contratos a cambio de millonarias mordidas, el sindicado sería condenado a cinco años de prisión y todos serían conmutables, lo que significa que no tendrá que enfrentar la cárcel por el delito cometido.

La peculiar visión de los juzgadores es que no se pudo demostrar en el proceso que con el pago de esos sobornos se haya causado un daño al Estado, lo cual significa que el contratista simple y sencillamente decidió desprenderse de su ganancia para regalarla al funcionario que le había dado los contratos. Si alguien paga mordida es para asegurarse un negocio redondo y ese negocio redondo por supuesto que causa daño al Estado, sea porque la obra es sobrevaluada para incrementar las utilidades o porque se utilizan materiales de baja calidad. En Guatemala, tal y como está el control del gasto público, lo más natural y corriente es que se hagan las dos cosas, es decir que hagan un mamarracho de obra pero que la cobren como si fuera la octava maravilla del mundo.

El combate a la impunidad tiene enorme importancia en términos de que la justicia tiene que no sólo castigar al delincuente sino sentar precedentes para que otros potenciales maleantes no incurran en las mismas actitudes. Precisamente lo que había ocurrido cuando se estableció en Guatemala la Comisión Contra la Impunidad es que el mensaje que se enviaba a todos es que el crimen si paga porque la justicia no alcanza a los delincuentes.

Pero el mensaje que ahora el Tribunal de Mayor Riesgo “D” envía a futuros contratistas es que no importa cuánto paguen de mordida, cuánto dinero se embolsen como resultado y cuánto sufra el país con obras mal realizadas, porque el tremendo castigo que les correspondería, en caso de ser descubiertos, es el costo de una pinche ambulancia para los Bomberos Voluntarios.

Es tan claro el mensaje que Tres Patines nos recordaría: ¿Quién con una luz se pierde?

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