Crece el clamor en distintos sectores para que el Presidente vete la reforma a la Ley de Compras que amplió el margen para las llamadas compras directas que no requieren licitación, relajando de esa manera los controles mínimos que tiene nuestra legislación para tratar de contener la corrupción. Sin embargo, hay que entender que el clamor es inútil porque el mismo Giammattei pactó con los alcaldes de la Asociación Nacional de Municipalidades ese cambio que les deja la mesa servida a los poderes locales para hacer adquisiciones sin control y la rápida y sorpresiva aprobación de la norma en el Congreso de la República, por mucho que no haya sido anunciada ni discutida públicamente, no fue casualidad sino es una excelsa muestra de lo que es y significa el Pacto de Corruptos que tanto daño le hace al país.
Voces muy sensatas, que entienden el impacto que ese cambio legal tendrá en reducir mucho más la calidad del gasto, aunque pareciera imposible que llegue a estar peor de lo que está, piden al gobernante que en ejercicio de sus facultades constitucionales vete esa ley en algo que sería tanto como pedir al Presidente salvadoreño que vete el decreto que destituyó a los magistrados y al Fiscal General de la República, toda vez que nadie duda que el Congreso y el mandatario actuaron de común acuerdo. Pues exactamente lo mismo ocurre con la reforma a la Ley de Compras y Contrataciones porque se trata de compadre hablado y no hay ni la más remota posibilidad de que la misma pueda ser vetada.
El gobierno se siente, además, muy cómodo con las reacciones ciudadanas luego de la forma en que fue aplastada la última protesta el año pasado, lo que según ellos produjo el resultado que necesitaban que era meterle miedo a la gente para que no se meta a participar en ese tipo de movimientos. Muy interesante, por cierto, el análisis que ayer hizo Gladys Monterroso en su columna de La Hora, al evaluar la fallida convocatoria que se produjo la semana pasada para una marcha de protesta el sábado por un tema tan sensitivo como el de la ausencia de vacunas para contener la epidemia.
La realidad es que ante la postura que ha mostrado Estados Unidos con el tema de la corrupción como una de las causas esenciales de la migración y la advertencia de que pueden tomarse medidas más enérgicas, en Guatemala la actitud de la alianza oficialista que opera en nombre del Pacto de Corruptos ha sido de desafío para demostrar que las amenazas que vienen de Washington no les dan miedo y que, por el contrario, ellos están dispuestos a seguir en su rumbo por mucha bulla que puedan meter los emisarios del Norte.
No dejan lugar a dudas porque están decididos a jugarse la carta de la “soberanía” para mandar por un tubo a Biden, Harris y su gente, sosteniendo la tesis de que cuatro años se pasan rápido y que el tema migratorio puede hacer viable un revés electoral para los demócratas y la vuelta de sus grandes aliados trumpistas, que lleguen a sacarles las castañas del fuego.
