Luis Fernando Bermejo Quiñónez

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Lic. Luis Fernando Bermejo Quiñónez
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La novela “El Doctor Jekyll y el Señor Hyde” de Robert Louis Stevenson cuenta la historia de un abogado, Gabriel John Utterson, que investiga la extraña relación entre su viejo amigo, el Dr. Henry Jekyll, y el misántropo Edward Hyde. La novela es conocida por representar un trastorno psiquiátrico que hace que una misma persona tenga dos o más identidades o personalidades con características opuestas entre sí. Recientemente recordé esa novela apreciando los sucesos recientes en el Congreso, en el que se aprobaron unas reformas a la Ley de Contrataciones del Estado y, por el otro lado, la coloquialmente llamada “Ley Antitrámites”.

Lo ocurrido en el Congreso me recordó la novela porque por un lado, sin mucho análisis y un “dictamen favorable” de apenas 17 páginas (de las cuales 5 son de firmas de la comisión), se incrementaron los montos por los cuales las autoridades deben recurrir a la licitación y aumentaba el monto, por el cual se autorizan las compras directas y compras de baja cuantía. De ninguna forma se analizó el efecto en las políticas públicas de transparencia que persigue el Estado y, ni siquiera se fundamenta “técnicamente” si la inflación ha incidido en que los límites hayan sido “muy bajos”. La justificación dada es que la Ley tornaba muy engorrosa la realización de proyectos en las municipalidades. Lo cierto es que la reforma incrementará la opacidad y, por supuesto, no aborda la “causa real” de por qué a las municipalidades les cuesta ejecutar, es decir, la poca capacidad de gestión de su recurso humano.

Ahora, de forma encomiable, y en dirección contraria a lo buscado por las reformas a la Ley de Contrataciones, la Ley Antitrámites contiene disposiciones que buscan modernizar la gestión estatal. La citada ley trata de mejorar la administración pública con: 1) obligaciones de las oficinas administrativas de evaluar sus procedimientos para hacerlos más eficientes y electrónicos, 2) prohibiciones de requerir declaraciones juradas y de exigir documentos que ya se encuentran dentro de las mismas oficinas públicas; y 3) establece la obligación de establecer medios de pago electrónico o por medio de banca virtual. Un paso en la dirección correcta.
Aunque he sostenido que para hacer más moderna la actuación estatal y reducir la discrecionalidad es imperativa una AMPLIA “actualización” de nuestro Derecho Administrativo por medio de un “Código Administrativo” para reemplazar nuestra desactualizada Ley de lo Contencioso Administrativo, la Ley Antitrámites es un paso de mejora. La reforma de la Ley de Contrataciones en cambio es un paso en la dirección contraria. Por eso digo que la actuación del Congreso se asemeja a los personajes del Dr. Jekyll y al Señor Hyde, con actuaciones opuestas entre sí.
En la coyuntura actual se habla mucho de la corrupción estatal y su incidencia en el desarrollo del Triángulo Norte para reducir la migración. Considero que antes de perseguir quimeras de estrategias recicladas de los 1980´s lo que necesita Guatemala es sentar los “fundamentos institucionales” de su desarrollo. Los estudios sobre la Nueva Economía Institucional (NEI) nos enseñan que el crecimiento económico y el desarrollo se sustenta en las instituciones (“las reglas del juego”) que determinan la estructura de incentivos en la economía y resultan claves para entender el funcionamiento económico y el desarrollo de un país. Una de las instituciones fundamentales que inciden en el desarrollo es el Estado y la calidad de su funcionamiento. Por eso creo que una de las estrategias claves que debe perseguir Guatemala es la modernización del mismo.

Lee Kuan Yew de Singapur y su Partido de Acción Popular comprendieron que no era posible desarrollar un país con un Estado corrupto y no funcional y, por ello, buscaron educar y sostener una burocracia efectiva y competitiva. Entendieron que ninguna de las políticas públicas a perseguir iban a ser efectivas sin una burocracia funcional. Por ello educaron, fomentaron y financiaron una burocracia modelo a nivel internacional. Singapur en los 1950´s era más pobre que Guatemala pero supo aprovechar su posicionamiento logístico (como pudiera hacerlo Guatemala) y ahora mismo sus fondos soberanos Temasek Holdings (activos de $ 375.38 millardos) y la Corporación de Inversiones del Gobierno de Singapur (GIC) (activos de $ 453.20 millardos), creadas como empresas del Ministerio de Finanzas al inicio, son inversionistas importantes en los mercados mundiales. Guatemala debe abordar la modernización del Estado, actualizar sus normativas y reformar su servicio civil. Ninguna estrategia de desarrollo funcionará sin la reforma institucional del Estado. Es iluso pensar lo contrario. Ya basta de Dres. Jekyll y Señores Hyde.

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