Mario Alberto Carrera
Hay dos fragmentos muy importantes en el texto del Artículo 35 de la Constitución que en estos días que transcurren –de tanto alboroto y revuelo institucional– deben ser bien leídos, razonados y grabados –si posible– para argüir con sentido común y, desde luego, lógica. Ellos son:
1 Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión sin censura (…) previa. Y
2 No constituye delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos (…).
Si las premisas de esos supuestos silogismos (llamémosles así libremente a los textos citados y entresacados) son claras –como clarísimas son al descontextuarlas del Artículo al que corresponden– no tendría que haber tanta polémica –ni tanta turbulencia ni zipizape– como se está viendo en los distintos medios, al respecto. Pero, por el contrario, parecería como si ¡todo!, lo que indica el famoso Artículo 35 de la Constitución (tan discutido y cuestionado hoy y desde hace mucho) fuera un fandango y un desorden lógico, aunque ya en conjunto sí que podríamos hablar de anfibologías e hipérbaton.
Algunas personas –de suprema importancia en la Prensa nacional– están seguras de que, por ninguna razón, (en virtud de lo por mí copiado del Artículo 35) pueden ser procesados o imputados por delitos de desacato en contra del “Emperador” Giammattei. Pero Giammattei –y su asesora general Consuelo Porras– creen lo contrario: que sí que pueden encausar a quien ofenda al “romano Emperador” como si aún estuviéramos viviendo en tiempo de los césares –y sus formas dictatoriales– después de la República. Es decir, en términos actuales, a quien ofenda o difame al Presidente de la República y a toda la troupe de criminales que integran el Gobierno y también el Estado. Criminales en un sentido u otro.
Ya el “Emperador” ha dado órdenes de perseguir a los periodistas que lo injurian –y que caen en antiguos desacatos– por medio de la jueza contra el femicidio Anaelsee Ramírez. A criterio de tal juzgadora, dos o tres periodistas “abusivos” y “arbitrarios” de la plaza, caen en el delito de violencia contra la mujer, en concreto en contra de Dina Bosch Ochoa, a través de los medios de comunicación donde laboran. Estos periodistas han sido claramente citados pero aún no cumplen con la declaración judicial.
El otro asunto se refiere a la “Trama rusa” y la compra ilegal de vacunas a ese mismo país, mientras Putin hace –de otra suerte de “Emperador–” realizando una conflagración que podría culminar con la III Guerra Mundial, cual Soros alerta en reciente publicación.
La gente se pregunta si ¿debió haber sido señalado Giammattei –en elPeriódico– de forma tajante y sin misericordia en torno a la “Trama rusa” y a las vacunas Sputnik, con maneras poco apropiadas, insultadoras, grotescas o festivas?
¿Es la forma o es el fondo lo inadecuado o lo ilegal? ¿Es libre la Prensa –o cualquier habitante de a pie– para hacer cargos, del modo que sea y señalamientos grotescos, al Presidente y a la panda de criminales que estructuran su estado mayor? ¿Dónde termina lo correcto y comienza el insulto?, ¿Se pueden confundir y entrelazar estas dos cosas? ¿Habría que crear un nuevo Estado –con nueva clase política– para evitar contaminaciones procaces? ¿Quién tiene la última palabra: la Ley de Emisión del Pensamiento –que realmente existe y debe ser tomada en cuenta– o la Constitución de la República, los diversos Códigos y las leyes secundarias? Giammattei y Porras emplearán unos recursos (de los arriba indicados) para atacar a los periodistas. Los periodistas, en cambio, evocarán y apelarán a la Constitución y acaso a otros argumentos. Mas el insulto es el dilema.
Pero la trama interna de todo el aquelarre que presenciamos es la intención de amordazar a la Prensa que todo gobierno antidemocrático procura. El silencio a la crítica. Toda crítica, si no es favorable, escuece. Nos gusta ser aprobados siempre, aun en el vicio. Nos gusta ser aprobados aun cuando robamos (mi tía me dijo que robara pero sólo un poquito). Nos justificamos aun cuando asesinamos o matamos de hambre a una población. Y cuando silenciamos a la crítica de modo agresivo (o mediante la muerte) entonces caemos en la dictadura clara y abierta como la nicaragüense de Ortega y Murillo.
El “Emperador”, desde su “dictadura democrática” o “democracia autoritaria”, no quiere ser criticado. Pero el punto álgido de este debate está en que ¿se puede criticar sin insultar? Y esto –los periodistas sindicados– acaso no lo pueden montar y defender –desde El Peladero– donde se empeñan en elaborar su “crítica”, con chistes esperpénticos y groseros. Allí está el quid de la polémica.
