Mario Alberto Carrera
Nuevamente la discusión salta al escenario nacional: la extrema derecha (la que carga una responsabilidad criminal de muchas décadas, sobre todo cuando ha detentado el poder) vuelve tercamente a insistir en lo que ya no tiene discusión. Porque con desenfreno quiere sacar a “sus” presos de la cárcel y evitar que otros -en condición similar- ingresen. En cuenta –si se puede- los que no están detenidos por crímenes de guerra sino por otra suerte de faltas, como el comandante Tito Arias.
“Sus” presos son todos los que –hace tiempo o hace poco- han pasado a ser objeto de juicios -en los tribunales- gracias a la intervención de la CICIG de Iván Velásquez y al MP de Thelma Aldana que, por primera vez, dirigieron la persecución pública penal con la eficacia que esos casos exigen.
Por enésima vez los defensores de “sus” detenidos -con sentencia o sin ella- argumentan que en Guatemala no hubo crímenes de guerra, ataques a poblaciones de civiles -no beligerantes- ni menos genocidio. Estos argumentos -que no son defendibles ni nacional ni internacionalmente- ya fueron presentados en 2019 -en el caso Molina Theissen- y están siendo nuevamente gestionados ¡ahora mismo! con la promoción de una nueva ley a escala del Congreso titulada “Ley de consolidación de la paz y reconciliación”, presentada por “Valor” pero sin ningún valor. En estos momentos los detenidos que intenta defender la extrema derecha (y sus diversos tentáculos) son los del Diario Militar o Dossier de la Muerte, en el que varios de muchos militares están siendo imputados por secuestros y desapariciones forzadas, en el primer lustro de los años 80, años de absoluto terror en Guatemala: de Lucas a principios de Cerezo. Dicho sea de paso, el respetable y admirable juez Gálvez, que lleva este encausamiento, es amenazado y reprimido -por acaso miembros de las Ciacs- mediante intimidaciones ad-hoc (en “paneles blancas”) que carecen de placas de circulación.
Traigo esto a colación porque se nos presenta un espectro que polariza ¡aún más!, a los guatemaltecos: el envalentonamiento de una derechísima que pelea por reinar en el Congreso y en la CC, pero también en la calle y -como antiguamente- intimidando a la población civil (no beligerante ni armada) con procedimientos sustraídos de las mejores épocas del terror nacional Y es más: a un juez que no es superior por su humanidad, sino por la investidura sagrado-civil que asume.
Como en el caso del joven Molina Theissen y si las cosas llegan a desbordase, la Corte Interamericana de Derechos Humanos volverá (así tiene que ser por lógica jurídica) a fallar igual: que en materia de crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad, no existe ningún tipo de absolución sino la persistencia en la condena.
Señala la extrema derecha (esa que ya pocos quieren debido a su caducidad prehistórica y su falta absoluta de humanidad y humanismo) que las izquierdas y los guerrilleros no son encausados, llevados a tribunales.
Bueno, pues en vez de estar perdiendo el tiempo viendo si aprueban y sancionan leyes infundadas como esa de “la consolidación de la paz y reconciliación”, debieran dedicarse a perseguir penal y legalmente a las izquierdas y a los guerrilleros por crímenes cometidos -durante la guerra civil- en la que ya fue también internacionalmente dictaminado que ha sido el Estado de Guatemala el que delinquió a fondo. Llevarían las de perder porque casi no tendrían imputados. En cambio abundan los casos del Estado y el Ejército en comisión de genocidio y en contra de poblaciones civiles.
El caso de Guatemala es el de un paradigma trágico en Centroamérica. La dictadura de una extremísima derecha que ahora desde el Ejecutivo, el Legislativo (que es oficialista con bisagras) y no digamos desde el Judicial y la CC -de hoy- asaltan la democracia y la rapiñan hasta su extenuación.
La población civil observa agotada la pérdida de la grisma de democracia que se había conquistado y que se pierde entre las garras del dinosaurio, que vuelve sobre sus viejos lares medio apagados.
