Aunque existe un castigo por la vía penal y civil, para los funcionarios que acarean, con todo lo que esta a su alcance de las oficinas públicas, la Contraloría General de Cuentas -CGC- brilla por su ausencia y a pesar de que han transcurrido, casi tres meses del mandato de Bernardo Arévalo de León, no han accionado como corresponde y dejan desprotegidos a los nuevos gobernantes.
Los funcionarios salientes están obligados a entregar los documentos de la gestión saliente, la cual debe ser subida al sitio web SAG-UDAI WEB, que habilita la Contraloría General de Cuentas, como parte de la auditoría interna que debe realizar a las entidades de gobierno, estatal y municipal. Esto en torno a la transición de cargo.
Pero esta situación no sucede y las autoridades salientes dejan “pelones” los archivos de las oficinas que manejaron, para “supuestamente”, perjudicar a las autoridades electas, quienes deben tomar posesión el 14 de enero del año siguiente al que fueron electos mediante el voto ciudadano.
Pero a los que realmente afectan estos “piratas modernos”, es a los 19 millones de guatemaltecos, porque dejan una oficina desmantelada que no permite seguir con la gestión pública correspondiente y lo que únicamente demuestran estos “politiqueros”, con esta actitud, es que no tienen la más mínima moral y ética, para ocupar un cargo público.
La Contraloría General de Cuentas tiene la potestad, según la Ley, de contarle las costillas a estas personas, porque fueron cuentadantes, incluso después de 20 años tienen que entregar cuentas, de lo que realizaron en el cargo que ocuparon como funcionarios de gobierno.
La responsabilidad del ente contralor es la de revisar la documentación que deben compartir en el proceso de transición. Quién no cumpla con esta obligación debe ser castigado por la vía penal y civil, tal como mandan las leyes del país y la Contraloría no toma la batuta para evitar esta situación.
Los funcionarios públicos salientes y los que toman posesión; y quienes administren, ejecuten, controlen, manejen o fiscalicen fondos del Estado están en la obligación legal y moral de entregar a la Contraloría General de Cuentas (CGC), la documentación que demuestre como dejan la gestión que manejaron. En este caso lo que dejan o reciben.
Quién no cumpla con este requisito será sancionado por la CGC y consiste en un formulario digital en la página del ente contralor, y un acta que deberá de emitir la auditoría interna. Ahí tienen que levantar los datos sistematizados durante el período que tuvieron a su cargo el manejo del presupuesto y los bienes del Estado. Toda la documentación debe ser revisada y analizada para la entrega de cuentas y no pueden hacerse las “momias” como decimos coloquialmente.
Los funcionarios tienen que dejar elaborados los informes de gestión, que contengan datos sobre la situación administrativa, financiera, legal y técnica de las oficinas que administraron.
El acuerdo 86-2024 es el que contiene esta normativa, donde se establece que quien no cumpla con lo estipulado será sancionado de conformidad con la Ley Orgánica de la CGC. La sanción puede ser civil o penal y también contempla la imposición de una multa económica entre Q40 a Q60 mil, lo cual limita a que sean extendidos los finiquitos correspondientes.
Pero como estamos en Guatemala, donde reza un dicho popular, los funcionarios hacen lo que les viene en gana y los entes fiscalizadores no mueven un solo dedo para hacer cumplir las normas vigentes, situación que ha causado que muchos alcaldes y funcionarios públicos se lleven hasta las “escobas y trapeadores” de las oficinas que ocuparon como cuentadantes.
En una situación como esta se encuentra el recién nombrado gobernador departamental, Diego Eduardo de León Barrios, quien supuestamente encontró vacíos los archivos y escritorios que le entregó el ex gobernador Jorge Luis Gramajo Escobar, hermano del controversial alcalde de Villa Nueva, Javier Alejandro Gramajo Escobar.
Pero este caso se debe a que hay varios “politiqueros”, quienes están detrás del puesto De León Barrios y de seguro harán todo lo que esté a su alcance para intentar darle la caída y poner en el cargo a funcionarios afines que solamente llegan a servirse y no servir.
El menor de los Gramajo Escobar incluso dejó contratados asesores jurídicos, de su confianza, para que le hagan la vida imposible a De León Barrios, quien ayer sufrió un ataque de “bullying político” en el seno del Congreso de la República, en el momento que daba un informe sobre el incendio, en el vertedero de Amatitlán, que ha provocado contaminación en la ciudad de Guatemala.
