No me canso en decir que los “politiqueros” se convirtieron en entes mercantilistas, quienes han vendido sus almas al mejor postor y no es culpa de los actuales funcionarios que navegan con una bandera oscura y que se cambian de partido político como que se cambiaran de “calzoncillo”, sino que de los “Padres de la Patria” que los han designado en cargos públicos y que por cierto les han quedado grandes, por el mal desempeño mostrado en los puestos que ocupan.
Hay posiciones públicas que deben ser ocupadas por gente honesta, proba y con calidades profesionales y así evitar que sean nombrados por intereses partidistas o bien por intereses políticos, porque caemos “baches” políticos como el que vivimos en estos momentos y que ponen en peligro la democracia de un país que merece otro tipo de funcionarios públicos.
El más claro ejemplo es este grupo de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes no han dado la talla y les ha quedado muy grande el “tacuche” y lo han demostrado con las resoluciones poco congruentes que han emitido durante el proceso electoral 2023-2028. No son definidas y menos definidos apegadas a una política institucional interna.
Esta décima magistratura, con su “pésimo” trabajo, han desmeritado la figura de una entidad que otrora época era reconocida y respetada por su labor y desempeño, lo cual le había dado prestigio y reputación a los procesos eleccionarios que se han llevado a cabo en la época democrática guatemalteca.
Estos últimos días hemos vivido momentos críticos, se ha desgastado la institucionalidad y la gobernabilidad, todo por un grupo de personas que se niegan a perder su status quo y se han olvidado de que los gobernantes se deben esforzar para dirigir de la mejor manera los destinos de 19 millones de guatemaltecos.
Pero la avaricia y la necedad es la que ha dominado las últimas semanas, posterior a la primera vuelta de las elecciones generales del 25 de junio, y que se han visto empañadas por una serie de recursos legales que no deberían de darse, porque las elecciones se deben definir en las urnas y no a las cortes.
No es posible que los procesos electorales sean “manoseadas” por intereses partidarios y por esa razón se debe pensar en actualizar la Ley Electoral de Partidos Políticos (LEPP), porque se deben corregir varios vacíos legales que permiten que un juez puede cambiar el resultado de una contienda electoral y no el TSE, que, por mandato constitucional, es al que le compete resolver las actuaciones dentro de los procesos electorales.
Estamos viendo una situación que se ha tornado muy complicada, los ciudadanos se han manifestado sobre los intentos de sacar de la segunda vuelta al Partido Semilla, cuando no es el momento legal para hacer este tipo de hechos y lo único que se ha provocado es que no tengamos una certeza jurídica de que en Guatemala se cumple la decisión de un pueblo que esta “harto” de permitir un sistema político corrupto.
Lo que no podemos permitir es que se trate de socavar la Constitución Política de la República y debemos de defender ese mandato que contiene todo el sistema político guatemalteco que se rige de un régimen democrático y Republicano, donde se fomenta el pluralismo y permite la competencia político-electoral que debe respetar el principio de mayoría.
Por eso debemos de evitar que despierten los fantasmas de un Golpe de Estado, porque no es correcto y debemos de defender la democracia, porque nos merecemos un país donde se respetan las decisiones en las urnas y sobre todo por los jóvenes que participaron en un proceso electoral sombrío y desteñido, donde vimos que se dejó participar personajes que no cumplen con el artículo 113 constitucional, donde debe privar tres razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.
