La compra de un millón de cartillas para pasaportes en el portal de Guatecompras ha recibido, según el NOG 18911935, más de una decena de inconformidades por la forma como se llevó a cabo el proceso de adjudicación y por los supuestos vínculos familiares que existen entre personal del Instituto Guatemalteco de Migración y la empresa que salió seleccionada en el proceso.
Las cartillas deben cumplir con las normas y requerimientos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), para pasaportes de lectura mecánica, específicamente el documento número 9303, en su última versión, lo cual es un requerimiento que permite que la cartilla tenga reconocimiento a nivel mundial.
Aunque la empresa favorecida tiene que presentar una declaración jurada de que no está comprendida dentro de ninguna de las prohibiciones a las que se refiere el Artículo 80 del Decreto 57-92, Ley de Contrataciones del Estado, los inconformes se han manifestado contra el procedimiento realizado para la presentación de los documentos jurídicos que deben ser aportados.
Según consta en el expediente las inconformidades van desde que no hay experiencia en la elaboración de pasaportes a nivel nacional, como internacional y lo peor del caso, según el proceso de licitación, esto es del conocimiento de la máxima autoridad del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) y de los miembros de la junta de licitación.
Otro de los aspectos que se plantean las inconformidades es que la empresa adjudicada para proveer las cartillas de pasaportes, no presentó las certificaciones correspondientes en materia de seguridad y el seguro o fianza para el sostenimiento de la oferta en el tiempo estipulado y que la misma se realizó posterior a la adjudicación.
En lo que respecta a los certificados de seguridad, factor muy importante, porque es un requerimiento de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), agencia de la Organización de las Naciones Unidas creada en 1944 por el Convenio sobre Aviación Civil Internacional para estudiar los problemas de la aviación civil y promover los reglamentos y normas únicos en la aeronáutica mundial.
Esta omisión nos viene a poner en una situación difícil a nivel internacional, porque se incumpliría, con normas que permitan mantener una reputación del documento que representa el pasaporte, que requiere de altos estándares de calidad y seguridad.
Esto significaría que podemos perder la confiabilidad internacional, aunque en este momento (2023), Guatemala ocupa el lugar 11 en el ranking a nivel Latinoamérica, lo cual permite que los guatemaltecos podamos ingresar a 133 naciones sin necesidad de visa. Entre los peores pasaportes de Latinoamérica se encuentran Haití con ingreso a sólo 48 países, seguido por República Dominicana (70 países), Bolivia (79), Jamaica (85), Ecuador (91). Venezuela, por su parte, se encuentra entre los países con mayor número de acceso ocupando el puesto 40 en la tabla general y con un pasaporte que permite ingresar sin visa a 129 destinos.
Pero lo que más llama la atención de las inconformidades, es que supuestamente, existe un parentesco familiar entre uno de los miembros de la Junta de Licitación, quien trabaja en el Departamento de Auditoría Interna del IGM y una persona del oferente, lo cual debe ser investigado para quitarse una “brasa” de encima y corroborar que todo sea realizado con transparencia.
Y por si esto fuera poco, la empresa que han colocado, en el proceso de licitación, como la responsable de la fabricación de pasaportes, no los elabora directamente y utiliza, una empresa constituida en Indonesia, para tal efecto. La empresa intermediaria, de origen malasio, según reportes de agencias internacionales de noticias la señalan de haber afrontado problemas legales, en otros países donde se ha postulado para la fabricación de pasaportes.
Es necesario que como país cuidemos nuestra reputación internacional, porque los pasaportes son un documento sensible, que podría afectar a muchas personas en temas de viajes de negocios, turismo y estudios.
