Las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), más pareciera que se trata de construcciones de “albañil sin metro”, esos que construyen edificios que se caen solos y sin medida, porque no tienen una línea clara de lo que están haciendo, no tienen un criterio definido, perdieron el norte y hasta rayan en lo ilegal. No puede ser que togados hagan algo, que no tiene sustento legal.
Los magistrados tratan de limpiar algo que estaba sucio, pero lo hacen con las “manos sucias”, no solamente se trata de una resolución, son varias resoluciones donde utilizan criterios y lecturas de la ley de una manera incoherente, más pareciera que no saben leer las leyes y actúan como niños de primaria.
La figura de la revocatoria de oficio no existe y hay caminos legales que deben de seguirse, ni un “huizache” hubiera cometido tal aberración jurídica y para colmo de males hasta el Ministerio Público (MP), les enmendó la plana y los dejó mal parados, porque demostró con documentos, que lo que dijeron los “honorables magistrados” era falso.
Y como si lo anterior sea poco, el Registro de Ciudadanos impuso una multa de US$50 y US$75 mil a Unión Republicana (UR), Partido Humanista (PHG) y Visión con Valores (Viva), por haber colocado propaganda, en postes de alumbrado público, en una etapa donde no se permite y después el pleno cambia todo y solamente lo deja como una amonestación pública.
Esta decisión la basan en que la propaganda debe ser realizada durante la etapa de proselitismo, la cual inicia en la segunda fase del proceso, según el artículo 196, literal B, de la LEPP, así como el artículo 62 Bis del reglamento, misma que inicia el 26 de marzo próximo y finaliza 36 horas antes de la elección.
Los “honorables magistrados” del Tribunal Supremo Electoral (TSE), han perdido la brújula y con sus acciones han provocado que se le pierda la credibilidad, a un ente que, en otrora tiempos, gozaba de reputación y su trabajo nos llenaba de orgullo como ciudadanos guatemaltecos, porque garantizaban que los procesos electorales fueran creíbles y con altos estándares de calidad.
Con el paso de los años los funcionarios han ensombrecido el actuar del ente electoral. Situación que ha provocado que la población empiece a hablar de un posible fraude electoral, para las próximas elecciones generales 2023-2026, lo cual no nos conviene en el ámbito internacional y nacional porque ensombrece la incipiente democracia que se vive con tanto reclamo social y político.
Lo malo con este tipo de “togados” que tenemos es que desgastan un ente estatal como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que en lugar de ser visto como un ente “honorable”, más parece ser un mercado donde se vende al mejor postor”, dirigida por funcionarios de poca credibilidad, quienes se han visto involucrados en actos que riñen con las leyes del país.
Desde la toma de posesión de la actual magistratura, los funcionarios designados se vieron involucrados en la supuesta compra de títulos de una maestría en la Universidad Da Vinci, cuyos certificados de graduación fueron extendidos de una manera anómala, incluso la rectoría de la mencionada Casa de Estudios confirmó los señalamientos y que los mismos sirvieron como requisito para optar a las magistraturas del TSE.
Pero todo esto no es culpa de los magistrados electorales, esto deviene de los gobernantes que hacen las cosas con un interés político, entonces suele suceder que designan funcionarios que no llenan los requisitos indispensables que estipula el Artículo 113 de la Constitución Política de la República que dice: “Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez”.
Entonces como se menciona popularmente: “Espero que todo esto nos agarre confesados y que todo lo que se habla de un posible fraude, quede simplemente en eso que se comenta, que se dice, que sea un chisme o simplemente que sea el rumor de barrio que ha sido inventado por gente interesada en causar desestabilización.
