Aunque todos los días vemos, en cualquier calle o avenida y diferentes carreteras del país, la falta de conocimiento de las normas de tránsito y que los accidentes de tránsito representan el segundo lugar de fallecimiento en el país, solamente por debajo de los hechos ocasionados con armas de fuego y arma blanca, han sido canceladas o suspendidas 1 mil 200 licencias de conducir y multado 116 mil 545 por no respetar la Ley de Tránsito vigente.
Con solamente el hecho de salir hacer nuestras diligencias cotidianas, podemos ver que la mayoría de motoristas viajan en un tercer carril imaginario, que no respetan la luz roja de los semáforos, se suben a las banquetas, zigzaguean entre vehículos, circulan en contra de la vía, rebasan por el lado derecho.
Mientras tanto los conductores de vehículos de tres y cuatro ruedas no se quedan atrás, estos también irrespetan el paso de las intersecciones, no saben qué significa un paso de cebra, viajan en las ciudades con luces altas, se parquean sin luces, viajan a excesiva velocidad y les tiran el automotor a los motoristas. Toda una falta de educación vial por donde se quiera ver.
El parque vehicular hasta finales de 2022 era de 4 millones 829 mil 864 y la ciudad capital concentra 2 millones 078 mil 094 automotores, que dejan un 43 por ciento de la totalidad de autos que se encuentran registrados en los archivos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), las autoridades viales siguen como “asustadas” por las estadísticas que se registran, lo cual demuestra que no tienen planes de contingencia para reducir las cifras que dejan muerte y dolor en la familia guatemalteca.
Las estadísticas revelan que el 61 por ciento de los percances viales se producen en las ciudades (cascos urbanos) y en ruta (carreteras) la accidentalidad es del 39 por ciento. Las rutas que registran la mayor cantidad de hechos de tránsito son: Pacifico 15 por ciento, Atlántico 14 y Occidente 12 por ciento ya sea por tierra fría o bien por la Costa Sur.
Este es uno de los 7 mil 914 hechos de tránsito suscitados en 2022, unos 227 hechos menos que el año pasado (2021), que dejaron 2 mil 176 muertes violentas en percances viales, datos que no inmuta a las autoridades respectivas, quienes ven las seis muertes diarias de motociclistas, como algo normal, dando una clara muestra de no tener valor por la vida.
De estas cifras de siniestralidad vial, el 45.6% es de motoristas, mientras que el 19.76% es de vehículos de cuatro ruedas, un dato muy significativo que demuestra que hay que corregir muchas cosas y sobre todo revisar el proceso para la obtención de licencias que se ha convertido en un “negocio” y no sé ponen a pensar que manejar es una responsabilidad que conlleva vidas humanas.
En los diferentes operativos montados por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), se han multado a 31 mil 036 motociclistas por no portar licencia de conducir y 7 mil 075 por carecer de la misma o sea que se suben a un vehículo de dos ruedas y desconocen que existe una norma que deben cumplir por la responsabilidad que conlleva tomar un volante o timón.
Pero todo el problema se deriva porque en Guatemala los Centros de Evaluación de Conductores de Vehículos (CECOVE), donde se realizan las evaluaciones teóricas y prácticas para la obtención de la licencia de conducir, se dedican a vender los documentos y es un” negocio redondo” que deja una buena cantidad de “reditos” para los dueños de una gran mayoría de academias de automovilismo.
Se conocen casos en donde los propietarios de estos negocios, quienes quieren hacer bien las cosas, están realizando los exámenes de evaluación y llegan los que no hacen bien las cosas para gritar que ya tienen los formularios con las respuestas y que los pueden adquirir en Q2 mil 500 sin esforzarse mucho para obtener su licencia.
Lo peor de todo es que las personas que están haciendo su examen se levantan y van a comprar los formularios llenos y no se ponen a pensar la responsabilidad que conlleva colocarse atrás de un volante, lo cual se ha vuelto una cultura de “comodidad y de irresponsabilidad” que solamente el año pasado (2022), dejó 2 mil 176 familias con luto y dolor por la muerte de sus familiares.
El problema no es solamente del Departamento de Tránsito de la PNC, también los alcaldes y los directores de las Policías Municipales de Tránsito (PMT), tienen que ver con este tema y la gran mayoría no se atreven hacer valer la autoridad porque eso le quita votos a sus jefes, quienes prefieren ver morir a miles de personas en lugar de asumir su responsabilidad como funcionarios públicos.
