Marco Trejo
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha perdido la credibilidad con respecto a otras magistraturas, y se ha visto que con el paso de los años se ensombrece el actuar del ente electoral. Situación que ha provocado que la población empiece a hablar de un posible fraude electoral en las próximas elecciones generales 2023-2026.
Para las próximas elecciones los magistrados electorales quieren “comprar” un sistema de cómputo, denominado de “identificación biométrica”, con el que identificará a cada uno de los votantes, para que el sistema constate por medio de la huella dactilar el padrón electoral, cuando la ley estipula que para acreditar la calidad de ciudadano el único documento es el Documento Personal de Identificación (DPI), situación que podría ser inconstitucional.
Ante estas pretensiones, un conglomerado de organizaciones académicas y ciudadanas, le hicieron llegar al TSE una misiva para que desista de comprar este equipo tecnológico y de sistemas informáticos que podrían tener alguna implicación en la recolección de datos y registro de votos en la próxima contienda electoral. Los magistrados anunciaron que han desistido a tres eventos de compra, pero no dejan en claro si van a prescindir de esta compra.
Incluso el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), presentó un recurso legal porque aseguran: “la necesidad de que se lleven a cabo unos comicios que cumplan con los estándares de transparencia, participación y legitimidad.
Entre las organizaciones participan exmagistrados del TSE, togados, exintegrantes de juntas electorales, académicos y de la sociedad civil. Todos han coincidido en que computarizar los procesos de registro de votos conlleva un riesgo que permitiría perder la custodia del voto y esto dificultaría que el evento electoral garantice transparencia en los resultados finales.
La magistrada presidente, Irma Palencia, ha salido a defender el proyecto de digitalización y ha asegurado que lo que quieren evitar es que se emita el doble voto o bien que sigan votando los “muertos”. Pero esto además costaría al erario nacional Q600 millones, un gasto que ha sido calificado de innecesario y oneroso. Pero lo que llama la atención es que la compra se haría a una empresa de un exfuncionario de este gobierno.
Los quejosos señalan: “los magistrados tienen que responder a los intereses de los guatemaltecos, queremos el resguardo del voto, tal como se ha hecho en los últimos 30 años”. Los que han levantado la voz dicen: “No hay necesidad de cambiar algo que por años ha funcionado, los ciudadanos somos los que siempre nos hemos encargado de cuidar el voto para dar transparencia a la decisión de los votantes”.
El doble voto se ha evitado con la “tinta” en el dedo, la cual no es una simple tinta, sino un invento mexicano por medio del cual nuestro cuerpo reacciona de forma natural con una mancha obscura frente a la sustancia utilizada allá en el norte y preparada por el Instituto Politécnico Nacional la cual desaparece en días.
En lo que respecta al planteamiento de la magistrada Palencia, la suplantación de fallecidos se puede eliminar con la depuración del Padrón Electoral, porque el quien fallece es eliminado de la lista. Esto es un trabajo que se realiza entre el Renap y el Registro de Ciudadanos.
La desconfianza que se ha generado es por la forma como se manejan las instituciones del Estado, nadie cree en ellas y cualquier proyecto tiene “tinte” de negocio, tal como ha sucedido con las denuncias que recaen en la cabeza de algunos de los magistrados que se han visto envueltos en “negocios turbios”, donde los únicos beneficiados son sus bolsillos y sus familias. No estamos preparados para hacer este cambio, más en este momento que el Gobierno no goza de simpatía y se ha visto que tiene cooptadas las instituciones garantes del Estado de derecho.
El Gobierno tiene la obligación de garantizar la confidencialidad, seguridad y resguardo del voto, conforme la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en torno a la protección de datos personales de los guatemaltecos, por eso es que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tienen la oportunidad de demostrar, en la primera vuelta, que son personas honestas y no los corruptos que pululan en las esferas del Estado.
