Marco Trejo
Lamentablemente nos hemos convertido en el país donde “no pasa nada”, esto a raíz de que el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ranulfo Rafael Rojas Cetina presento un título falso de doctorado y le dieron el cargo, incluso la Universidad Da Vinci desmintió haber emitido dicho “cartón” y, sin embargo, el Ministerio Público (MP) se quedó con los brazos cruzados.
Pero no solamente fue el caso del magistrado Rojas Cetina, también él magistrado suplente Marco Antonio Cornejo presentó otro título falso para su postulación, lo cual se ha vuelto costumbre, entre los aspirantes a funcionarios públicos, quienes presentan documentos falsos para llegar al puesto que califican, pero más lamentable es que tanto la Comisión de Postulación y el Congreso de la República se hagan los “locos” ante este anómalo proceder, ni modo les conviene.
Este tipo de proceder deja muy mal visto al país y pone en entredicho la certeza jurídica que impera en Guatemala, pero por lo vivido esto no le importa a la clase “politiquera”, que solamente busca convertirse en los nuevos ricos, “cueste lo que cueste”, lo cual se comprueba cada cuatro años.
No debería ser posible que el ente evaluador y los encargados de hacer las leyes que rigen en la sociedad guatemalteca, se confabulen para permitir es anómalo accionar, ellos también incurren en varios delitos, porque tanto hechor como consentidor, se convierten en la misma “cosa”. En este caso en “viles delincuentes”.
Los integrantes de la Comisión de Postulación para designar al nuevo Contralor General de Cuentas (CGC), 2022-2026, podrían incurrir en al menos seis delitos, según la experiencia del ex constituyente Aquiles Faillace, quien asegura que si aceptan la presentación de documentos falsos pueden calificarse varios delitos. Los cargos que se podrían imputar podrían ser encubrimiento propio, falsedad material, falsedad ideológica, uso de documentos falsos, omisión de denuncia y conspiración.
Estos delitos podrían consumarse hoy viernes 21 de octubre de 2022, a más tardar la otra semana, momento en el cual la Comisión de Postulación, presidida por el rector de la Universidad del Valle, Roberto Moreno debe remitir al Congreso de la República, los seis nombres para que, sea este organismo, el que elija al más idóneo para ocupar el cargo de Contralor General de Cuentas.
Aunque existen varias prohibiciones para dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC), las cuales han sido obviadas, las pasan por alto siendo, aunque hay dos bienes importantes y una de estas es la honorabilidad de los postulados y otra también de relevancia es que no deben pertenecer a cuadros directivos de organizaciones políticas. Pero al parecer esto no importa cuando hay intereses de por medio.
Estas limitantes tienen como fin de que el “nuevo funcionario” tenga las calidades necesarias, para convertirse en el fiscalizador del gasto público, pero si empiezan su gestión con “tachas” de este tipo, como que no son los más probos porque el funcionario pierde la credibilidad y su gestión se ve debilitada.
Cuando la población pierde la confianza en sus autoridades, como ha pasado en el transcurso de nuestra historia, es difícil la gobernanza, los gobernados se sienten defraudados y por esa razón es que se convierten en los principales opositores, quienes dejan mal parada la gestión gubernamental cada cuatro años, lo cual afecta la democracia.
Como población tenemos que estar atentos y debemos convertirnos en fiscalizadores de la cosa pública, no podemos seguir permitiendo que un “grupo de politiqueros” nos lleven a la orilla del desfiladero, debemos de pensar qué país le estamos dejando a nuestros hijos y nietos, quienes se merecen algo mejor y no podredumbre que les estamos heredando.
