Marco Tulio Trejo

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Soy periodista, comunicador social y un soñador creador de opinión pública, para hacer conciencia que permita mejorar los problemas sociales, económicos y políticos que nos aquejan y nos mantienen inmersos en una sociedad con pocas oportunidades de vida para las nuevas generaciones. Estoy convencido de la importancia que tiene la prensa, en el fortalecimiento de la democracia, para coadyuvar a la consolidación de un Estado de Derecho con una certeza jurídica y el lema de mi señor padre siempre fue: “la pluma no se vende, ni se alquila”.

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Marco Trejo

El Estado de Derecho es definido por la Organización Naciones Unidas (ONU), como: “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos”.

En este tema Guatemala es considerada en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP), en una mala posición con respecto a los demás países centroamericanos, lo cual provoca que nadie quiera invertir en un país donde no se respetan las leyes y mucho menos que no se hacen cumplir las mismas. Sí a esto le aunamos que para registrar una empresa hay que hacer más de 250 trámites, esto ahuyenta a cualquiera.

Según el reporte publicado en el 2020 por la entidad internacional, en 2019 Guatemala obtuvo una puntuación de 0.45 sobre 1 (la puntuación más alta), lo que nos coloca a nivel mundial en la posición 101 de 126 países evaluados. En comparación a la evaluación anterior, el país empeoró en 0.1 puntos y bajó 5 puestos en el ranking global.

El WJP en el Rule of Law Index 2020 presenta un retrato del Estado de Derecho en 128 países y jurisdicciones calificando ocho factores: Restricciones sobre los Poderes del Gobierno, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Aplicación de las Regulaciones, Justicia Civil y Justicia Penal. Aspectos en los que tenemos serios problemas y afrontamos grandes retos que nos colocan en la posición anteriormente mencionada.

Los datos que nos colocan en esa mala posición es el puntaje sobre la administración de justicia, la cual no es efectiva y mantiene una mora judicial muy alta, hablamos de millones de casos sin resolver, por razones injustificadas (0.13/1), la investigación penal es deficiente (0.23/1), el Sistema Penitenciario no provoca una reinserción social (0.09/1), los gobernantes utilizan el Organismo Legislativo para su interés personal (0.08/1) y el gobierno no publica información pertinente y actualizada y esta tampoco es de fácil acceso (0.3/1).

Esto es muy fácil de constatar, una persona procesada pasa 2 años y medio sin que se resuelva su caso, cuando deberían de ser 5 meses, incluso muchos cumplen encarcelados la pena máxima del delito sindicado, sin ser sentenciados por tribunal competente, lo cual es totalmente absurdo y deja muy mal visto al país, porque se viola la presunción de inocencia y eso hace que tengamos una muy mala calificación.

Regionalmente, Guatemala se encuentra en el puesto 14 de 19 países latinoamericanos. El promedio de ellos es 0.53/1, situando a Guatemala por debajo del mismo (0.45/1). El primer lugar es para Estados Unidos (0.72/1), seguido de Uruguay (0.71/1) y Costa Rica (0.68/1). Los peores puntajes los tienen Venezuela (0.27/1), Bolivia (0.38/1) y Nicaragua (0.39/1).

Aunque los números son fríos tenemos que analizar estadísticas y en ese aspecto las entidades que administran la justicia (Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario, Ministerio Público y Organismo Judicial), se encuentran en serios problemas, sus cabezas se dedican más a ver temas políticos, que trabajar para que en Guatemala se dé una justicia pronta y efectiva.

Este es un problema que se ha dado desde hace algunos años y todo ha sido porque los políticos han metido sus manos en los entes que administran la justicia, incluso las campañas políticas han sido judicializadas y vemos cada vez más, una pugna de poder en las judicaturas, lo cual afecta nuestra imagen internacional, que aleja a los inversionistas, quienes prefieren irse a otros países donde el Estado de Derecho si ha sido fortalecido y es respetado. Tal es el caso de El Salvador que de seguro van a subir sus bonos con el trabajo que han realizado sus gobernantes.

Guatemala si quiere salir del atolladero en el que nos encontramos, su población (empresarios, autoridades y sociedad civil), deben dar muestras de querer hacer mejor las cosas y todos juntos trabajar para forjar un mejor país, donde la gente, en vez de emigrar, tenga mejores oportunidades de vida para desarrollarse, en una tierra bendita, como lo es esta bella nación.

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