Claudia Virginia Samayoa
@tucurclaux
Existe un evidente doble rasero por parte de la PNC entre la ciudadanía que exige el cumplimiento de obligaciones utilizando los derechos a la manifestación y protesta; y los grupos que les han puesto en el poder con sus votos y/o que apoyan al gobernante de turno. Al primer grupo lo consideran violento y terrorista, mientras al segundo como aliado, aunque amenacen y efectivamente realice acciones de terrorismo. Van algunos ejemplos de ese doble estándar.
Desde inicios de octubre, el Consejo Ancestral Q’eqchi’ ha organizado una protesta pacífica ante la exclusión del pueblo Q’eqchi’ de la preconsulta que el Ministerio de Energía y Minas organiza en cumplimiento de la sentencia que tiene suspendidas las operaciones de la Minera Fénix-Pronico (antes conocida como CGN) en El Estor. Esta semana un contingente de centenas de policías intenta desalojarlos con lujo de fuerza para que pasaran los camiones que extraen minerales que teóricamente no se pueden sacar.
El 19 de octubre, una semana después que los veteranos militares amenazaran con una ‘guerra’ si no se incorporaba su reclamo de Q120,000 por persona en el presupuesto del 2022, un grupo de menos de un centenar de policías resguardaban el edificio legislativo. No se tenía que ser mago para saber que el movimiento no era ni una protesta ni una manifestación pacífica, por lo que se requería un contingente similar al apostado en El Estor contra un grupo de decenas de manifestantes pacíficos.
El 21 de noviembre del 2021, la Subdirección de Operaciones de la Policía Nacional estableció que la manifestación anunciada para ese día que se realizaba después de una semana de pequeñas protestas ameritaba la movilización de centenas de policías y Fuerzas Especiales porque en redes sociales muchos replicaron una imagen del Congreso en llamas. Un grupo de policías especializados estaban en el estacionamiento del Congreso listo para actuar. Por ello, quienes cumplieron su amenaza no pudieron pasar de un cuarto.
El 19 de octubre, no hubo Fuerzas Especiales ni dentro del Palacio Legislativo ni cerca. Los policías enfrente del Congreso salieron corriendo a resguardar su vida ante la presencia de veteranos militares armados con machetes y palos. El ataque se realizó tal cual fuera anunciado ante la mirada atónita de diputados, periodistas y ciudadanos. Incluso luego de ser disuelto, todavía escuchamos la amenaza que regresarán pronto y con más violencia.
El 12 de octubre, luego que un grupo de personas se separa de la manifestación pacífica convocada por las organizaciones indígenas le bota la cabeza a Reyna Barrios, la municipalidad en coordinación con la Policía Nacional Civil identifica a una persona que había tomado la cabeza y la captura en el Parque Central. La persona fue dejada en libertad al indicar que no había existido la flagrancia para que luego se le iniciara un nuevo proceso.
El 19 de octubre, frente a las Fuerzas Especiales y Policía las personas que participaron en la quema del Palacio Legislativo corrían sin que se detuviera a nadie en flagrancia. Los microbuses que les transportaban estaban frente a Casa Presidencial y se movieron para recoger a quienes cumplieron su amenaza y ningún policía fue a identificar a las personas como si hacen después de las manifestaciones ante los buses donde se trasladan manifestantes que participaron en acciones pacíficas.
¡Más claro no canta un gallo!
