Marco Trejo
La directora de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO), Mayra Yanette Soto me envió una nota para que le aclare varios puntos que salieron en mi artículo del viernes 1 de octubre de 2021, el cual titulé: ¡Los precios de las medicinas y el Covid-19: empatía o regulación! Aunque en su documento fechado 6 de octubre no tengo respuestas contundentes, pero con todo gusto y respeto voy a trasladar textualmente lo que me solicita en el mismo.
En su misiva la funcionaria expresa: “A ella no le interesa pelearse con los boticarios”, por lo cual me permito indicarle que más que una pelea, se trata del fiel cumplimiento del mandato institucional del funcionario y/o funcionaria a cargo de la institución”. En mi artículo hago mención de lo que se indica en la nota, pero mi texto lo que pretendía era utilizar, un vocabulario coloquial, que sea entendido por todo tipo de lector y creo que lo que realmente le gustaría saber a la gente es que si van a poder adquirir medicinas a un precio justo y no como sucede hasta hoy, donde se demuestra si el funcionario y/o funcionaria ha cumplido con su mandato de proteger al consumidor.
Respetuosamente quiero manifestarle a la licenciada Soto, que mi única intención es dar a conocer los abusos que cometen personas inescrupulosas, que lucran con una situación como la que vivimos, una pandemia. He recibido muchos mensajes, donde los guatemaltecos me manifiestan que hace algunos meses compraban medicamentos a un precio y que ahora el mismo medicamento, tiene un sobreprecio que no tiene justificación alguna de ser.
Entonces eso es lo que le gustaría saber a las personas, que se hace para proteger al consumidor de este tipo de aprovechamientos y no que se tome el tiempo, la licenciada Soto, para elaborar notas, que en ninguna línea, me demuestra categóricamente que ha emprendido acciones para que se proteja al consumidor para que se vendan medicinas a un precio justo, así como de la canasta básica familiar. Para poder comprobar esto que digo es muy simple de hacerlo, basta con ir a comprar medicinas, a cualesquiera de las cadenas de farmacias o bien ir a los diferentes mercados y supermercados para encontrar la respuesta.
Es importante señalar que más de 574 mil 713 personas infectadas (oficialmente) en el país, y que han tenido que medicarse con productos que antes costaban menos y que ahora, por arte de magia, cuestan Q50 u Q80 más del valor habitual. Entonces el tema no es nuevo en el país, incluso en la campaña electoral, se habló de que un medicamento que en México, El Salvador o Nicaragua cuesta mucho menos, aquí su valor sufre incrementos de un día para otro, sin que nadie tenga la más mínima intención de defender a “Juan Pueblo”. Segundo llamado al procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas.
En el cuarto párrafo de la nota recibida de la DIACO, se manifiesta que: “de acuerdo al Decreto número 11-2021 Ley de Emergencia Nacional para la atención del Covid-19, publicada el 21 de septiembre de 2021 en el Diario de Centroamérica, el cual entro en vigencia al día siguiente de su publicación (22 de septiembre de 2021), y el Acuerdo Gubernativo 197-2021 Reglamento de la Ley de Emergencia Nacional para la atención del Covid-19, publicado el 30 de septiembre de 2021 en el Diario de Centroamérica, el cual fue publicado al día siguiente de su publicación (01 de octubre de 2021), se establecen funciones específicas al Ministerio de Economía a través de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, mismas que se encuentran en plena fase de planificación y ejecución”. ¿Qué planificación y que ejecución? Ya transcurrieron ocho días de octubre y realmente no veo que se mueva un dedo para proteger al consumidor, no veo resultados y es más cuando uno llama a la DIACO nadie responde la llamada, pareciera que es un ente fantasma, como aquellos pueblos de las películas del oeste.
En el siguiente párrafo (quinto) se me dice: “Asimismo, le informamos que no es competencia de la Diaco controlar precios de medicamentos, sino atender lo establecido en el Decreto Ley número 11-2021, referente a la publicación y monitoreo de precios. Así también, le informo que en casos especiales, la Ley de Protección al Consumidor y Usuario (Decreto 006-2003) es supletoria, cuando existen leyes específicas en determinado tema como el de la telefonía y energía eléctrica”. En torno a este punto es muy importante conocer que se ha hecho referente a la publicación y monitoreo de precios durante la pandemia, porque con esos datos podríamos saber si realmente se cumple con el mandato para el cual fue designada licenciada Soto.
En el siguiente texto se me escribió: “En tal sentido, solicitamos una aclaración dentro de su columna de opinión, donde se reconozca que no estamos incumpliendo la ley por no controlar precios, ni que existe algún interés de no cumplir con lo establecido en la Ley de Emergencia Nacional que se constituye en una prioridad para nuestra institución y sus autoridades, finaliza la misiva firmada por el Msc, Calos Vásquez, jefe de Comunicación Social, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor del Ministerio de Economía”.
En ese sentido es importante señalar que en mi artículo (ParteI) nunca expresé que la DIACO incumple la ley por no controlar los precios y tampoco dije que existe algún interés de no cumplir la Ley de Emergencia Nacional, por el contrario manifesté que tenemos vigente, por tres meses, una ley que puede ser usada para poner en cintura a los empresarios que se aprovechan del momento crítico que vivimos, tanto en lo sanitario como en lo económico, pero para eso se necesita de funcionarios y/o funcionarias que se amarren los pantalones y cumplan la función que se les ha encomendado, en caso contrario solamente confirmaría lo expresado en mi anterior columna: “no se quieren pelear con los boticarios”.
