Marco Trejo
Ha sido muy usual ver el aprovechamiento que han tenido varias empresas ligadas al ramo de salud durante esta pandemia que vivimos y que ha dejado más de 13 mil 564 muertes en el país, muchos por no tener los recursos económicos para comprar los medicamentos que les han recetado, porque las medicinas han sufrido incrementos injustificados, sin que nadie se meta a regular los precios de los mismos.
Aunque el Congreso de la República aprobó el Decreto 11-2021 Ley de Emergencia Nacional, los distribuidores de medicamentos se aprovechan de la inoperancia del Estado, porque éste no ha podido controlar el alza injustificada de los medicamentos y dejan a los pobladores a su suerte, quienes se debaten en su lecho de enfermos.
Esta actitud poco sensible de los distribuidores de medicamentos hacia la población, ha causado malestar y el clamor popular exige que la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO), actúe de una manera inmediata, pero al parecer a la nueva directora Mayra Yanette Soto, no le interesa pelearse con los boticarios que siguen aprovechándose de la situación crítica sanitaria que se vive.
Situación que también debería de interesarle al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien tampoco vemos por ningún lado que tenga las más mínimas intenciones de defender a “Juan Pueblo”, que sigue pisoteado por empresarios que hacen lo que les viene en gana con la salud de los “chapines”.
Una economía de mercado como la guatemalteca se rige por la ley de la oferta y la demanda. Al inicio de la pandemia en 2019 pudimos observar que las mascarillas tuvieron un valor muy alto en el mercado, pero conforme todos nos acostumbramos a usarlas, el precio bajó ostensiblemente, incluso ahora podemos comprar una en Q5.00, cuando llegó a costar Q150 la misma mascarilla, lo cual demuestra el aprovechamiento que se dio en ese momento.
Ahora el aprovechamiento es de otros productos, por ejemplo los boticarios venden en Q80 un blíster de 10 pastillas que, hace cinco meses, vendían en Q20, porque los médicos ahora recetan dicho producto, para salvarle la vida a una persona que se ha contaminado con el virus del Covid-19. Los distribuidores argumentan que el aumento del precio, se da porque las farmacéuticas han incrementado el valor de los lotes de medicamentos que les entregan y que ellos no tienen márgenes de ganancias altos, por lo que el incremento no lo determinan en la farmacia.
Aunque no estoy de acuerdo con la regulación de precios, en Guatemala se hace necesario que se dé mientras dure la emergencia sanitaria del coronavirus, porque los empresarios de la salud no son empáticos (“Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona”), por lo que se necesita la intervención del Estado para garantizar los derechos de los ciudadanos.
En El Salvador, Argentina, Perú, Brasil y Nicaragua los gobiernos han intervenido para evitar los abusos de los “mercaderes de la salud”, han puesto precios máximos para más de 2 mil productos médicos y de la canasta básica familiar, lo cual ha mantenido la tranquilidad de estas sociedades, que en medio de una crisis económica, han tenido que resistir a una escalada de precios injustificados y que ahora son regulados para evitar el aprovechamiento.
En Guatemala tenemos vigente, por tres meses, una Ley de Emergencia Nacional (Decreto 11-2021), pero no se usa para poner en cintura a los empresarios que se aprovechan del momento crítico que vivimos, tanto en lo sanitario como en lo económico, por lo que necesitamos que el gobierno se amarre los pantalones y que su Ministerio de Economía vele por el bienestar del consumidor y que actúe contra estos empresarios que se quieren enriquecer a costillas de una enfermedad que ha dejado luto y dolor en los últimos 17 meses en el país.
