Factor Méndez Doninelli
“–he vivido infiltración de personal en el juzgado a mi cargo, quienes filtraban información me vigilaban, sustrajeron actuaciones y expedientes de casos de alto impacto, realizaron espionaje y grabaciones del trabajo del juzgado. Y no han sido investigados ni sancionados penal y administrativamente, al contrario, han sido beneficiados con traslados y otros privilegios”.
Aifán. Denuncia pública, septiembre 2021.
Erika Lorena Aifán Dávila tiene una amplia trayectoria en la carrera judicial, actualmente es la jueza de Mayor Riesgo “D” y por eso es blanco de ataques sistemáticos, porque el juzgado que preside concentra procesos contra corruptos. Por el clima de amenazas, intimidaciones e inseguridad que rodea a la juzgadora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a su favor, sin embargo, ella ha denunciado que el Estado no cumple con las garantías que tales medidas implican. Las redes de corrupción e impunidad que mantienen cooptados los tres Poderes del Estado, tienen interés en separarla del cargo para impedir que siga administrando justicia en casos de alto impacto. Entre esos casos están, Comisiones Paralelas 2014. Comisiones Paralelas 2020. Financiamiento Unionista. Financiamiento FCN. Odebrecht. Construcción y Corrupción. Caja de Pandora. Red de Poder. Asalto al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Corrupción y Lavado de Dinero.
Lo que le sucede a la jueza Aifán no es casual tampoco aislado, las acciones y los hechos contra su persona y su calidad de jueza, son parte de una ofensiva que esas redes dirigen contra los administradores y operadores de justicia, jueces y fiscales independientes, periodistas y defensores de derechos humanos. Ahora las cosas parecen empeorar, después que finalizó el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Las embestidas contra jueces y fiscales independientes que ocurren ponen en peligro la independencia judicial y el Estado de Derecho; además, analistas sostienen que algunas decisiones de la Fiscalía General y de la Corte de Constitucional se perciben como comparsas de los corruptos.
En el caso de la jueza Aifán, el acoso a su labor se expresa en más de 70 denuncias en el Ministerio Público (MP), con acusaciones de cartón sin ningún sustento, sin fundamento, por eso, el MP las tiene encapsuladas, aunque tiene abiertas no menos de 9. También hay un antejuicio en su contra presentado por el Instituto de Magistrados de Salas de Apelaciones, que la señalan de formar asociación ilícita con el ex fiscal de la FECI, Juan Francisco Sandoval y la activista de derechos humanos Helen Mack, para cooptar las Cortes. Como respuesta, la jueza Aifán presentó 2 amparos contra ese antejuicio, uno por falta de pruebas que la CC declaró sin lugar y revocó el amparo provisional, otro por la integración de la Corte Suprema cuando admitió a trámite porque integraron 4 magistrados miembros del Instituto de Magistrados. Si el segundo lo declaran con lugar, los posibles escenarios podrían ser: suspenderla en el cargo durante el tiempo que dure la investigación, se quedaría sin seguridad, nombrarían un juez que desconoce los procesos u otro que sea ad hoc a los intereses de los corruptos.
Así las cosas, la situación es complicada y las amenazas a la independencia judicial, a los administradores y operadores de justicia independientes vulneran el Estado de Derecho, debilitan las instituciones democráticas y ofrecen una mala imagen de país.
