Marco Trejo
El reciente caso que fue dado a conocer a la opinión pública por parte del matutino elPeriódico de Guatemala, donde se exponen las artimañas (acción hábil, disimulada y generalmente malintencionada, para conseguir algo), que supuestamente utilizaron dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para lograr llenar los requisitos que le permitieron postularse, a tan dignos cargos, nos demuestra la “pobredumbre” que han caído nuestros funcionarios.
Es muy indignante ver que, dos altos funcionarios públicos, tengan que presentar certificados falsos de su acto de graduación para optar a los cargos que actualmente ostentan y que de ribete salgan desmintiendo, dichas aseveraciones, que días después el rector de la Universidad Da Vinci corrobora en favor de la nota periodística.
Ahora cabe hacerse unas preguntas: ¿Qué no harán o estarán dispuestos hacer estos dos magistrados en el Tribunal Supremo Electoral? ¿Será que estas dos personas son de fiar en el ejercicio de cargos?… creo que se ha abierto una duda y han perdido toda la reputación, que pudieron haber tenido algún día, con este hecho que los deja al descubierto y que ahora tienen que solventar ante las instancias jurídicas respectivas.
El magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ranulfo Rafael Rojas Cetina, así como el magistrado suplente Marco Antonio Cornejo Marroquín, tienen que demostrar que las afirmaciones, de las altas autoridades de la Universidad Da Vinci, son falsas y que no tienen sustento legal, lo cual los ha dejado muy mal parados ante la sociedad guatemalteca.
Lo lamentable de este hecho es que su trabajo y posición en el TSE es de vital importancia, para que se tenga credibilidad, en un ente que es el encargado de velar por la transparencia de las próximas elecciones generales, pero con este tipo de señalamientos no tenemos la certeza de que eso sea así, por lo que se hace necesario que diluciden su situación jurídica.
Por medio de un comunicado en la red social tuiter el Consejo Directivo de la mencionada casa de estudios, informa que desde el pasado 10 de junio, se constituyeron como agraviados en el expediente que ha iniciado el Ministerio Público (MP), donde, los dos magistrados del TSE, tendrán que analizar qué tipo de acciones van emprender en este caso.
La Universidad Da Vinci han solicitado que el expediente sea trasladado a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), al considerar que es la unidad más apropiada para la pesquisa de este caso y aseguran que “la emisión de estos certificados no estaba entre las facultades legales de quien las habría firmado, y que tampoco corresponden a la fecha que aparece en la documentación (los entonces alumnos a los que los certificados se refiere aún no se encontraban titulados por esta casa de estudios), ni constan en los expedientes de la Universidad”, resalta el comunicado emitido.
El pasado 2 de junio, Rojas Cetina, aseguró que si cursó su doctorado y que existen registros en la Universidad Da Vinci, pero no se esperaba que ahora sus autoridades se hayan constituido como agraviados.
En su presentación pública el ahora Presidente del Tribunal Supremo Electoral ha afirmado: “Sí cursé ese doctorado -en Derecho Constitucional- en la Universidad Da Vinci, existen allí los registros académicos; yo me he preparado para poder tener los conocimientos suficientes y poder prestar un servicio a la institución pública de una manera técnica y profesional y de esa cuenta dice que se ha preparado en el ámbito constitucional”.
Ahora lo que nos queda esperar es que la FECI haga su trabajo pesquisidor y determine qué responsabilidad jurídica tienen, estos dos magistrados, en este hecho, que involucra a una entidad como el Tribunal Supremo Electoral y se espera que no existan dudas del trabajo y de la honorabilidad que realizan sus funcionarios.
